Para los marxistas, el Estado no tiene nada de misterioso: es un arma de la clase dominante para ser utilizada en la lucha de clases. Las leyes constitucionales parecen regular y limitar el poder del Estado ¿Eso significa que deberían ser apoyadas por los marxistas? Esto sería un malentendido. Las leyes constitucionales son una conquista de las revoluciones burguesas contra el antiguo orden feudal, y fluyen, en contenido y forma, directamente de un sistema basado en la producción de mercancías. No nos hacemos ilusiones con que las garantías constitucionales puedan ayudar a la clase obrera a vencer en su lucha contra la burguesía. Lo cual también significa que, además de que el Estado sería completamente diferente en el socialismo, el derecho constitucional y el derecho en general, también se verían muy diferentes.
Debemos desmitificar aquellas partes del Estado que están ocultas por la fraseología legalista y el prejuicio liberal. Si queremos tener una comprensión genuinamente revolucionaria de la sociedad, tenemos que arrojar la luz penetrante del análisis marxista incluso en los rincones más oscuros y misteriosos del Estado burgués, comenzando por el derecho constitucional.
¿Qué es una Constitución?
En términos generales, una Constitución es el conjunto de reglas según las cuales son gobernadas un grupo de personas. Las constituciones dictan la relación entre los ciudadanos y los Estados nacionales, así como la relación de varias partes de la máquina del Estado entre sí.
Las reglas sobre cómo deberían funcionar los Estados y las sociedades han existido durante tanto tiempo como las estructuras estatales – alrededor de 5.000 años. Pero hoy, cuando académicos, abogados y políticos hablan sobre la constitución o los derechos constitucionales, tienden a referirse a ideas y conceptos liberales ampliamente definidos como equidad, igualdad y justicia, que según dicen están defendidos por mecanismos legales. El principio general que abarca las ideas constitucionales liberales a menudo se conoce como el Estado de Derecho.
Cuando la Corte Suprema británica falló en contra del gobierno sobre el Brexit, decidiendo que el parlamento y no el gobierno debía tener la última palabra sobre el hecho de que Gran Bretaña abandonara la UE, los jueces fueron presentados como defensores de los derechos constitucionales británicos en contra de los excesos de los políticos. Cuando los jueces de EEUU se pronunciaron en contra de la prohibición de Trump de la entrada en el país de los musulmanes, se los presentó como defensores de los derechos constitucionales contra el autoritarismo. Así es como el constitucionalismo y el Estado de Derecho se nos presentan hoy: como un control sobre el poder ejecutivo del Estado y como un defensor de los derechos del individuo.
Una Constitución es como el andamiaje legal que sostiene al Estado y que limita y dirige sus actividades. Para comprender realmente el concepto de una constitución, necesitamos tener una comprensión clara del propio Estado: qué es, cómo surgió y por qué necesita este andamiaje legal a su alrededor.
En cuestiones relacionadas con el Estado, el punto de partida para los marxistas es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels. Engels explica que, históricamente, el Estado surgió en un momento en que la sociedad había desarrollado las fuerzas de producción al extremo de haberse enredado en antagonismos de clase insolubles. Él dice:
“Pero para que estos antagonismos, clases con intereses en conflicto, no se devoren a sí mismos y a la sociedad en una lucha infructuosa, se hizo necesario tener un poder aparentemente por encima de la sociedad que aliviaría el conflicto y lo mantendría dentro de los límites del «orden»; y este poder, surgido de la sociedad pero colocándose por encima de ella, y alejándose cada vez más de ella, es el Estado”.
Concretamente, los mecanismos por los cuales el Estado mantiene el «orden» son los «cuerpos de hombres armados» sobre los que Lenin escribe en El Estado y la Revolución, parafraseando a Engels. Estas son cosas como los tribunales, las prisiones, la policía y el ejército. Es decir, a pesar de las apariencias, el poder estatal no se mantiene neutral sobre la sociedad, sino que es un arma en las manos de la clase que puede mantener un cuerpo de hombres armados. Es una herramienta de la clase poseedora que utiliza contra la clase desposeída.
En su libro, Engels escribe sobre el surgimiento del Estado ateniense. Dice que mientras la producción ateniense estaba en un nivel bajo, la constitución «gentilicia» basada en los lazos familiares y la administración tribal era suficiente. Pero a medida que las fuerzas de producción se desarrollaron para producir bienes excedentes, las clases de personas se reconocieron sobre la base de su relación con los medios de producción, no sobre la base de su «gens» o tribu.
Los que formaban parte de la clase dominante de propietarios, procedieron a concentrar la riqueza y el poder en sus manos. Usaron su riqueza para infligir deuda, bancarrota y esclavitud sobre las clases más bajas, y usaron su nueva arma del Estado para sancionar todo esto a través de la ley. El ascenso inicial del poder estatal en Atenas nunca fue otra cosa que la consolidación del poder de clase desnudo de los ricos sobre los pobres.
Lo mismo sucedió con la antigua Inglaterra feudal. La estructura del Estado formalizada después de la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066 consistió en un sistema en el cual el monarca poseía toda la tierra nominalmente, parte de la cual otorgó a sus nobles, quienes a su vez permitieron que los siervos trabajaran en pequeñas parcelas de esa tierra (a cambio de una vida de servidumbre). Esta configuración fue preservada de manera transparente por los cuerpos de hombres armados disponibles para los señores feudales que podían mantenerlos pagados. Al igual que en Atenas, el Estado y sus cuerpos de hombres armados eran abiertamente un arma de las clases poseedoras contra las clases desposeídas.
Sin embargo, este aparato de dominación de clase brutal no es la forma en que el Estado nos aparece hoy. La clase dominante y los capitalistas individuales no tienden a dirigir sus propios ejércitos privados para hacer cumplir su voluntad. El Estado actual no es simplemente una amalgama de las personas más ricas del país y sus ejércitos. Cada capitalista se somete, como todos los demás, al Estado de Derecho y al poder del Estado.
La diferencia con el arte de gobernar hoy, en comparación con el siglo XI de Inglaterra o la antigua Atenas, es que ahora existe un conjunto claro y completo de normas constitucionales. El Estado actual tiene límites puestos en sus poderes, a través de la separación de diferentes partes del Estado (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), a través de tratados de derechos humanos y una gran cantidad de otros mecanismos legales y políticos. Y estos derechos son, en teoría, exigibles por cualquier persona que actúe a través de los tribunales.
El resultado es que hoy en día la ley y la constitución son vistas por abogados y políticos como garantes de la independencia y neutralidad del Estado, supuestamente en contraste con la Inglaterra feudal o la antigua Atenas. Pero esto no es más que una ilusión. El Estado de hoy sigue siendo un arma poderosa en la lucha de clases. Vestirse con pelucas y togas con etiquetas como «constitución» no cambia este hecho fundamental. Por eso es importante que los marxistas comprendan qué son realmente los derechos constitucionales, para que podamos levantar el velo legal y revelar la base de clase del Estado burgués.
Revoluciones burguesas y constitucionales
El antiguo Estado ateniense descrito anteriormente, en el que el aparato estatal era de forma transparente un arma utilizada por la clase poseedora contra las no poseedoras, no duró mucho. Engels explica que después del período inicial de dominación desnuda de clase sobre el Estado, Solón de Atenas estableció una nueva constitución en 594 a.n.e. Esta constitución anuló las deudas insuperables que se habían acumulado en las clases más bajas; les brindó ciertas protecciones contra la clase dominante; impidió que las clases bajas fueran vendidas a la esclavitud, etc. En otras palabras, el acuerdo constitucional de Solón aparentemente frenó el poder de la clase dominante y lo sometió a la disciplina del Estado. Engels describe este cambio como una «revolución política».
Por supuesto, la constitución de Solón sólo protegía al ciudadano ateniense libre, no a los esclavos cuya privación de derechos y de protecciones era la base de la economía ateniense. Pero, sin embargo, este fue un paso significativo hacia una forma del Estado más cercana a algo que hoy podríamos reconocer.
El Estado británico ha pasado un proceso de transformación similar desde el siglo XI. La Carta Magna (1215), la Petición de derecho (1628), la Revolución inglesa y la Guerra Civil (1642) y la Revolución gloriosa y la Carta de derechos (1689) fueron pasos en este proceso. Este proceso estuvo íntimamente relacionado con el nacimiento, el ascenso y la victoria final de la burguesía sobre la aristocracia feudal en su batalla por el poder político.
Esto es lo que Marx y Engels describen en El Manifiesto Comunista de la siguiente manera:
«Cada etapa de la revolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente progreso político. Clase oprimida bajo la dominación de los señores feudales; asociación armada y autónoma en las comunas medievales; en unos sitios república urbana independiente (como en Italia y Alemania); en otros, «tercer estado» tributario de la monarquía (como en Francia); después, durante el período de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías semi-feudales o absolutas y, de hecho, piedra angular de las grandes monarquías en general, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.»
La revolución burguesa trajo consigo ideas tales como un poder político igual para todos (siempre y cuando se fuera propietario y hombre), en lugar de derechos hereditarios. El monarca ya no tenía derecho a actuar sin el consentimiento de un parlamento, compuesto por representantes elegidos. Además, la acción ejecutiva podría estar limitada por el poder judicial, a través de los tribunales. La democracia, la aplicación equitativa de la ley y la libertad de trabajar para quien quisiera eran fundamentales para el nuevo orden burgués, aunque al principio era limitado. Estas son las bases de las reglas a las que nos referimos hoy como parte de la constitución británica.
Entre el poder feudal sin restricciones del Rey Juan I antes de la Carta Magna y el moderno Estado de Derecho se encuentra una transformación equivalente a la revolución política de Solón de Atenas. Ambos procesos implicaron una transición del Estado como un arma desnuda de gobierno de clase, a un Estado constitucional.
Las constituciones, entonces, fueron una gran conquista de las revoluciones burguesas. Surgieron como el producto de una lucha de clases, que obligó al antiguo orden establecido a dar concesiones. Pero esto no significa que evitaran el compromiso y la acomodación entre las diferentes alas de la clase dominante, y entre el antiguo orden dominante y el nuevo. Las constituciones modernas son producto de la revolución, la contrarrevolución, el compromiso y el debate.
Engels explica que la «revolución política» de Solón no cambió fundamentalmente la naturaleza de clase de la sociedad ateniense. Seguía siendo una sociedad esclavista, sólo que con una estructura de Estado diferente. Las revoluciones burguesas fueron un cambio más fundamental en la sociedad que simplemente una «revolución política», porque movieron a la sociedad de un modo de producción feudal a otro capitalista, sin embargo no cambiaron el hecho de que la sociedad permanecía basada en la explotación y la opresión de clase –el dominio de una minoría sobre la mayoría.
Marx señala este punto en su libro, El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Él dice que «todas las revoluciones [anteriores] perfeccionaron esta máquina [de Estado] en lugar de destruirla». En otras palabras, la revolución política de Solón en 594 a.n.e. y las revoluciones burguesas en Inglaterra, Francia y otros lugares, transformaron el Estado y sus cuerpos de hombres armados, pero no de manera fundamental. El Estado bajo el capitalismo sigue siendo la misma arma de gobierno de clase directa que era bajo el feudalismo, aunque más refinada, «perfeccionada», y más adecuada para su tarea: defender los intereses de la clase capitalista y no de los terratenientes feudales.
Si observamos detenidamente, podemos ver que el Estado de hoy es la herramienta más refinada y perfeccionada para la clase dominante. Está atado por mil hilos a los intereses capitalistas. La notoria puerta giratoria entre las empresas y el gobierno garantiza que los ministros y los funcionarios públicos se deslicen fácilmente entre las oficinas gubernamentales reguladoras y las empresas que supuestamente deben regular. Los cabilderos de las grandes empresas utilizan las amenazas y los sobornos para obligar a los gobiernos a actuar en interés de la burguesía. Los tribunales, las prisiones, la policía y el ejército se utilizan para defender los derechos de propiedad privada de los ricos, mientras que se ignoran los derechos de los pobres a la vivienda y a la alimentación.
Cuando se reduce a eso, el papel de las constituciones modernas es simplemente adornar con ‘controles y equilibrios’ la misma máquina de Estado que se ha utilizado como arma en la lucha de clases desde que surgió por primera vez.
Todo esto plantea algunas preguntas. Para empezar, ¿por qué surgieron las leyes constitucionales? ¿Solón de Atenas y Oliver Cromwell, líder de la Revolución inglesa, tuvieron, por casualidad, ideas muy similares sobre las constituciones a pesar de estar separados por dos mil años? ¿Y por qué la clase dominante ha permitido que el Estado se desprenda formal y legalmente de aquéllos en cuyos intereses opera por medio de «controles y equilibrios», en lugar de continuar tomando la forma de opresión desnuda de una clase por otra?
No es suficiente responder a estas preguntas diciendo que es conveniente que los capitalistas levanten una cortina de humo ideológica para ocultar su explotación, aunque, por supuesto, es conveniente poder ocultar este arma de opresión de clase detrás de frases de altisonantes como ‘el Estado de Derecho’. Pero eso no explica por qué hemos acabado en esta particular cortina de humo ideológica. ¿Por qué tenemos el mecanismo de una Constitución para facilitar la explotación capitalista, en lugar de otra cosa?
La respuesta es que el derecho constitucional no es sólo una idea inteligente que se inventó accidentalmente. Su forma, así como su contenido, son inseparables del intercambio de mercancías y del desarrollo del modo de producción capitalista.
De la mercancía a la Constitución
La producción de bienes para el mercado, descrita por Marx como producción de mercancías, es la forma dominante de producción y la base de la economía en el capitalismo.
Para entender la producción de mercancías y el intercambio, Marx examinó cuestiones relacionadas con el valor y el trabajo en sus diversos folletos, libros y discursos sobre la economía capitalista. Pero también hay una parte esencial del intercambio de mercancías que se relaciona con la ley, que también es tratada por Marx, aunque más brevemente. El producto, una vez elaborado, sólo puede obtener el valor contenido dentro de él si se intercambia en el mercado. Pero una mercancía no puede intercambiarse a sí misma: necesita un ser humano consciente para realizar el acto de intercambio, o en otras palabras, requiere un propietario legal. Esto significa que el concepto de los derechos legales de propiedad individual son una parte inherente de la producción de mercancías.
Marx explica este punto en el volumen I de El Capital:
“Las mercancías no pueden ir al mercado y realizar intercambios por derecho propio. Por lo tanto, debemos recurrir a sus guardianes, que son los poseedores de las mercancías. Las mercancías son cosas, y por lo tanto carecen del poder para resistirse al hombre. Si no están dispuestas a ello, él puede usar la fuerza; en otras palabras, él puede tomar posesión de ellas».
Esto significa, por ejemplo, que cuando dos individuos se enfrentan en el mercado, lo hacen como compradores y vendedores, como propietarios legales, lo que significa que esta relación es legal.
¿Pero cuál es la naturaleza de esta relación legal? Un sistema de intercambio de mercancías requiere que el propio mercado determine el valor de cambio de los productos que se comercian. Esto es algo en lo que el comprador y el vendedor no pueden desempeñar papeles individuales, es algo que debe resolverse mediante el nivel general de la técnica en la economía y otras cuestiones socialmente determinadas. Esto significa que el comprador y el vendedor, mientras están en el mercado, deben ser despojados de toda individualidad que pueda interrumpir el proceso de determinación del valor de cambio de sus mercancías. En el proceso de intercambio, el comprador y el vendedor deben ser recipientes vacíos a través de los cuales las mercancías que poseen puedan imponerse en el mercado.
En resumen, el comprador y el vendedor deben ser reconocidos como totalmente iguales, incluso si en realidad no lo son. Esta igualdad es la naturaleza de la relación legal entre individuos en un sistema de intercambio de mercancías.
No debería sorprender, entonces, que la igualdad legal sea uno de los gritos de ánimo del Estado constitucional. Forma parte del famoso lema de la Revolución Francesa: «Liberté, egalité, fraternité«, que estableció la supremacía política de la burguesía. En su libro de 2010, El Estado de Derecho, el antiguo juez del alto tribunal Tom Bingham dice que «la igualdad ante la ley [es] una piedra angular de nuestra sociedad». Y esta es la misma idea presentada por Thomas Rainsborough durante los Debates de Putney en el momento de la Revolución inglesa en 1647 cuando dijo: «En realidad, creo que el más pobre que está en Inglaterra tiene una vida que vivir como si fuera el más rico». El origen de esta idea legal que nos parece incuestionable hoy en día está relacionado con el nacimiento del sistema capitalista. La igualdad ante la ley es esencial para el buen funcionamiento del intercambio de mercancías y del sistema capitalista en su conjunto.
Gran parte de la ley moderna, incluidos los conceptos de propiedad individual, se remonta a las ideas y principios presentes en la ley ateniense romana y antigua. Esto se debe a que el intercambio de mercancías se desarrolló a un nivel bastante alto incluso en estas sociedades basadas en economías esclavas. Pero precisamente debido a esta base económica, el intercambio de mercancías y, por lo tanto, un sistema legal basado en el intercambio de mercancías nunca podría generalizarse en la antigua Roma; los derechos legales nunca podrían aplicarse a los esclavos, por ejemplo. La generalización del intercambio de mercancías que caracteriza al capitalismo ha permitido el desarrollo del concepto de igualdad de derechos legales en su punto más alto.
Para que los individuos se enfrenten entre sí en un mercado abierto como propietarios legales con derechos iguales, deben existir ciertas garantías con respecto a la seguridad y protección de los individuos y sus mercancías. Sin estas garantías de derechos a la seguridad personal y a la propiedad, el intercambio no podría tener lugar y la producción de mercancías se detendría.
Esta no fue una consideración particularmente importante en los primeros días de la antigua Atenas y del comienzo del período feudal, porque el intercambio de mercancías era relativamente raro y muy localizado. Pero a medida que se desarrollaban las fuerzas de producción y se producía un excedente de bienes de manera regular, la producción de mercancías se convirtió en un fenómeno más común. Cuando las semillas de una economía de intercambio se arraigaban, la fuerza (o la amenaza de fuerza) tenía que ser utilizada por aquellos que poseían riqueza y poder para garantizar los derechos de los comerciantes sin los cuales la producción de mercancías no podía continuar. Por ejemplo, a medida que se desarrollaba el intercambio de mercancías, correspondía a los señores feudales individuales garantizar la seguridad del comercio en los mercados de sus tierras.
Por ejemplo, en las grandes ferias comerciales internacionales que comenzaron a realizarse en la Europa occidental a lo largo de los siglos XII al XV, los gobernantes locales ofrecían a los comerciantes un paso seguro hacia y desde la feria. A continuación se muestra una proclamación de 1349 del gobernante de Champagne, una región en lo que hoy es Francia, en relación con la feria:
«Todas las compañías de comerciantes y también los comerciantes individuales… vendrán, morarán y se marcharán con seguridad, ellos, sus mercancías y sus guías, en la conducción segura de las Ferias, en el momento en que los recibamos y acompañemos, junto con sus mercancías y bienes, sin que sean objeto de incautaciones, arrestos u obstáculos por parte de otros que no sean los guardias de dichas ferias…»
Pero, en una sociedad en la que el intercambio de mercancías desempeña un papel cada vez más importante y se generaliza cada vez más, el uso de la fuerza para garantizar la seguridad de las transacciones de intercambio no es un papel que pueda desempeñar ninguno de los participantes en estas transacciones.
Esto se debe a que si un capitalista en particular es tanto el comerciante como el garante de la seguridad de su socio comercial, la amenaza de la fuerza ejercida por este capitalista probablemente distorsione la relación entre los participantes en la transacción: la igualdad entre ellos se vería afectada. Si ambos capitalistas tienen derecho a usar la fuerza para garantizar la transacción, como quizás podrían haber hecho en tiempos precapitalistas, entonces el intercambio ya no se basará en el valor de intercambio de los productos, sino en la base de las fuerzas relativas del combate de los diferentes capitalistas. Claramente, si el intercambio de mercancías debe funcionar correctamente, entonces la fuerza no puede, al menos en teoría, entrar en la ecuación.
Como resultado, el poder que garantiza la seguridad para aquellos capitalistas que participan en el intercambio de mercancías debe ser un poder público, independiente de cualquier capitalista en particular, pero al servicio de la clase capitalista en general. Este es el papel del estado burgués y su función es defender el sistema de intercambio de mercancías. Se requiere un conjunto de reglas para garantizar la independencia de este Estado de cualquier capitalista individual o grupo de capitalistas, y para garantizar su lealtad al sistema capitalista en su conjunto: estas reglas son las leyes constitucionales.
Lenin se refiere a este constitucionalismo en El Estado y la Revolución. Se refiere a un Estado constitucional como una «república democrática». Él dice:
«Otra razón por la cual la omnipotencia de la «riqueza» está más segura en una república democrática es que no depende de los defectos de la maquinaria política o de la cáscara política defectuosa del capitalismo. Una república democrática es la mejor cáscara política posible para el capitalismo y, por lo tanto, una vez que el capital se ha apoderado de esta mejor cáscara… establece su poder de manera tan segura, tan firme, que ningún cambio de personas, instituciones o partidos en la república democrática burguesa puede sacudirlo».
Lo que Lenin está explicando aquí es que una república democrática, o un Estado constitucional, construye el capitalismo sobre los cimientos del Estado, sobre las mismas reglas dentro de las cuales opera. Esto se debe a que, como se explicó anteriormente, se basa en el intercambio de mercancías y en la igualdad de derechos legales individuales. Una vez que esto se haya establecido, los partidos políticos, las personas y las instituciones pueden ir y venir, pero todos estarán limitados por las reglas constitucionales de la «república democrática», lo que significa las reglas del sistema capitalista. Por eso Lenin dice que ese Estado es la «mejor cáscara política posible para el capitalismo».
Como todo, esto tiene ciertos límites, porque hay veces en el capitalismo en que la clase dominante tiene que recurrir a medios inconstitucionales para mantenerse en el poder, como los regímenes fascistas del siglo XX y los gobiernos tecnocráticos que se instalaron en Italia y Grecia tras la crisis capitalista de 2008.
Además, en tiempos de crisis, cuando los intereses de las burguesías nacionales ya no pueden garantizarse a través del «Estado de Derecho», la guerra estalla para establecer un nuevo orden, como la primera y la segunda guerra mundiales. Durante el surgimiento del imperialismo, el llamado «Estado de Derecho» no se aplicó a los pueblos coloniales cuya riqueza les fue arrebatada sobre la base del intercambio desigual, que exigió el uso de los «cuerpos de hombres armados» a disposición de los Estados imperialistas.
En Gran Bretaña, la clase dominante ha conservado la monarquía como una garantía constitucional antidemocrática alrededor de la cual se une en caso de desarrollos revolucionarios.
Sin embargo, los gobiernos tecnocráticos, el fascismo y las reliquias feudales son las excepciones, mientras que la regla general de la democracia burguesa y del constitucionalismo se mantiene.
El punto es que la ley constitucional y un Estado constitucional son fenómenos peculiares de un modo de producción capitalista, aunque algunas de sus características son visibles en los modos de producción más antiguos (la antigua Atenas, por ejemplo), que desarrollaron un cierto intercambio de mercancías en alguna medida. El concepto de propiedad privada individual como un derecho legal es parte de los cimientos de la sociedad capitalista. Sobre esta base se construye un andamio constitucional que moldea el antiguo Estado feudal y aristocrático en un nuevo Estado burgués. La función del Estado como herramienta de la clase poseedora para oprimir a la clase desposeída sigue siendo la misma, pero su forma precisa es refinada y perfeccionada para satisfacer las necesidades de la burguesía.
El socialismo y la Constitución
¿Qué significa todo esto cuando se trata de la lucha por el socialismo? Si bien puede ser cierto que, aquí y allá, podamos explotar los resquicios legales en el sistema legal burgués para obtener victorias para los trabajadores, los marxistas deben recordar que el Estado burgués está programado en contra de los intereses de la clase trabajadora. Basados en su comprensión de la Comuna de París de 1871, Marx y Engels explicaron que la tarea de la revolución socialista es destruir completamente al Estado burgués, sin dejar piedra sobre piedra de las antiguas instituciones estatales. Esto es lo que hace que la revolución socialista sea diferente a todas las revoluciones anteriores que simplemente han refinado la máquina estatal preexistente.
Esto plantea la cuestión de: ¿cómo sería el Estado bajo el socialismo? ¿Habría una Constitución? ¿Cómo sería el derecho constitucional? ¿Cómo sería la ley en general?
La Revolución Rusa de 1917 estableció el primer Estado proletario del mundo. Como todos los Estados, el Estado soviético era un instrumento de opresión de clase. Pero a diferencia de todos los Estados anteriores, el Estado soviético era un arma de las masas explotadas para ser utilizada contra el pequeño puñado de aristócratas y capitalistas que querían oprimirlos, en lugar de hacerlo al revés.
En 1918 se adoptó la primera Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Más tarde se convirtió en el modelo para la constitución de la Unión Soviética. Este fue un documento que describía abiertamente las bases de clase del Estado, sin recurrir a un lenguaje legal impenetrable o a una decoración legalista llamativa. Explicó que el poder en el país se basaba en los trabajadores y campesinos de Rusia, expresado a través de los soviets (consejos de trabajadores), y que a las antiguas clases dominantes y a quienes apoyaban a los Ejércitos Blancos en la Guerra Civil rusa se les negaba el acceso al poder político.
Esto nos da una idea de cómo sería el Estado y el derecho constitucional en el socialismo, al menos al principio. El Estado proletario no será una versión reformada del Estado capitalista. La clase obrera no cooptará simplemente las estructuras y reglas parlamentarias de la burguesía y las ejercerá para sus propios fines. En su lugar, la clase obrera desarrollará y utilizará sus propios métodos a través de los cuales puede afirmar el poder político y el control sobre la sociedad, como los sóviets: consejos de delegados elegidos por los trabajadores.
Las reglas constitucionales que gobiernan tal Estado no se basarán en una falsa imparcialidad y no utilizarán la ficción de igualdad abstracta ante la ley. Cuando los que ejercen el poder estatal son la gran mayoría de la sociedad, ya no necesitan tales engaños para mantener a las personas ignorantes del verdadero papel del Estado. A los abogados burgueses les gusta decir que «la justicia es ciega». Pero bajo la constitución socialista, la justicia tendrá los ojos bien abiertos y buscará defender los intereses de la clase obrera. Tal constitución describirá simple y abiertamente las relaciones existentes entre las clases.
Toda la ley, incluida la ley constitucional, es un reflejo de las verdaderas fuerzas de clase en juego en la sociedad. La diferencia entre la ley burguesa y la primera constitución de la Unión Soviética es que la primera trata de encubrir este hecho, mientras que la segunda lo acepta abiertamente. En última instancia, la URSS degeneró hacia una dictadura burocrática, no por defectos en su primera constitución, sino por el equilibrio de las fuerzas de clase dentro de Rusia e internacionalmente. El aislamiento de la revolución en condiciones de atraso extremo, significó el agotamiento de los sectores más avanzados de la clase trabajadora, y llevó al Estado, inexorablemente, a la deformación burocrática.
Es posible trazar en qué medida la URSS degeneró bajo Stalin al observar la Constitución soviética de 1936, que Trotsky critica en La revolución traicionada. Esta Constitución abolió los soviets como órganos de gobierno y, en cambio, consolidó la posición dominante de la burocracia centralizada. En lugar de describir simplemente las relaciones existentes entre personas e instituciones en la URSS, esta constitución adoptó los métodos de los abogados burgueses vistiéndose con una fraseología altisonante para dar la impresión de radicalismo, democracia y libertad, cuando en realidad era una consolidación de la contrarrevolución burocrática.
¿Cómo sería el socialismo?
El Estado, en la medida en que exista bajo el socialismo, requerirá reglas constitucionales según las cuales pueda operar en una sociedad socialista. Pero la forma que adopten estas reglas, y en particular la forma en que se aplican, será radicalmente diferente a la ley constitucional burguesa que tenemos hoy.
Los individuos que hacen valer sus derechos constitucionales contra el Estado a través de los tribunales son un sello distintivo de un sistema en el cual el Estado está separado y aparte de la sociedad en general, dictando a la sociedad en lugar de ser parte integral de ella. Un Estado socialista, por el contrario, sería una administración en la que la gran mayoría de las personas participan directamente en el día a día a través de los consejos de trabajadores locales en sus lugares de trabajo y barrios. Las reglas constitucionales que gobiernan estas estructuras estatales no serían leyes abstractas, aplicadas desde arriba, sino pautas vivas configuradas y utilizadas por la mayoría de las personas para ayudarlas a llevar a cabo las funciones administrativas del Estado.
En última instancia, la base económica del Estado socialista contiene las semillas de su propia desaparición. A medida que desaparece la distinción entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan los medios de producción, a través del control y la administración de la economía por parte de los trabajadores, también desaparecerán las distinciones de clase en la sociedad en general. Sin distinción de clase, no hay necesidad de la existencia de un Estado –de cuerpos de hombres armados– para gobernar a las personas: todo lo que se requiere es un cuerpo para administrar las cosas. El Estado mismo y todo su andamiaje constitucional se disolverían en el tejido vivo de una sociedad que ya no se divide en clases. Los derechos de todo tipo se cumplirían mediante la presión social, las normas culturales y otros mecanismos integrales de la sociedad, no a través de un Estado cuyos cuerpos de hombres armados se ciernen sobre la sociedad.
Bajo tal sistema, no tendríamos que levantar el velo legalista para exponer la ley constitucional como una cortina de humo de un aparato estatal opresivo, como lo hacemos hoy. En cambio, podríamos vivir como una asociación de personas libres y autoadministradas, plenamente conscientes de cómo funciona la sociedad y capaces de participar en el gobierno de nuestras propias vidas.
