Por: Katherine Núñez
El Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 fue decretado el 14 de marzo de 2020 por la Asamblea Legislativa, a petición del Presidente de la República. Durante un Estado de Emergencia, el Presidente es la máxima autoridad para conducir los planes de contingencia y la Comisión Nacional de Protección Civil.
Esta declaratoria de emergencia establece ciertas restricciones a algunas libertades para poder garantizar la atención y cumplimiento de las medidas decretadas y hacer frente a posibles desastres, lo cual implica restricciones a la libertad de tránsito, movilización y otros derechos.
Para ello se implementaron medidas como la prohibición de aglomeraciones, la suspensión de clases, el cierre de bares, discotecas, gimnasios, centros comerciales, Duicentros, el enviar a sus casas a empleados, del sector público y privado, a mayores a 60 años de edad, a mujeres embazadas y personas con enfermedades crónicas, entre otras. Todas estas medidas han sido recomendadas por la Organización Mundial para la Salud a nivel mundial.
Sin embargo; desde nuestro punto de vista, aunque las medidas que recomienda la OMS son acertadas y ayudan en gran medida a evitar el contagio masivo, creemos que para que puedan ser integrales deben estar acompañadas de otras acciones complementarias e importantes.
Por ejemplo, queremos señalar un detalle que se ha visto ausente en dichas medidas y que creemos que es un factor al que todos los gobiernos le temen, por tanto, lo obstruyen o lo minimizan, porque tal acción lleva en sí mismo un aspecto revolucionario en la sociedad, por lo cual, no lo establecen como prioridad en sus políticas públicas; hablamos de la Organización Popular.
La organización popular pondría rápidamente de manifiesto que no es necesario depender un 100% de los funcionarios estatales, policías, ejército, entre otras, y que las decisiones importantes de la población pueden ser tomadas e implementadas desde las organizaciones comunitarias de manera consiente y eficientemente.
Ante esta situación, no sólo no se ha incentivado a la población a organizarse y formar Comités de Emergencia u otras maneras de asociarse, sino que también ha sido limitada o anulada la participación de la población ya organizada anteriormente. Así mismo, el Gobierno no ha tenido acercamientos hacia las Organizaciones e Instituciones Sociales que han venido manejando por años el tema de salud y derechos humanos; y poseen un amplio trabajo territorial a lo largo del país, especialmente en las zonas más vulnerables del país y donde el acceso a las fuentes de información es limitado.
La organización de la población así como su participación en la planificación e implementación de las medidas sanitarias es de vital importancia en todos los momentos de la emergencia.
Estas organizaciones populares servirían como mecanismos para identificar diferentes situaciones, no sólo relacionado a la salud e identificación de personas con síntomas de la enfermedad, sino también de aquellas situaciones que se han derivado de la implementación de estas medidas como el abuso policial y militar, las violaciones a los derechos humanos, las detenciones ilegales, los despidos injustificados, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la falta de agua en comunidades, entre otras.
Desde que se habilitó el Albergue de Jiquilisco como Centro de Atención para resguardar en cuarentena a salvadoreños que habían viajado recientemente a países con casos comprobados de coronavirus se reportaron múltiples denuncias sobre un manejo inadecuado del mismo; situación que parece replicarse en los diferentes albergues a nivel nacional. Se denunció la no separación de las personas albergadas, ni con base a género, edad, país de retorno, ni por periodo de cuarentena; así como la falta de alimentación, chequeos médicos y realización de pruebas de detección de la enfermedad.
Entonces, ¿a qué se debe esos escenarios? A que estos albergues están siendo administrados por personas no capacitadas para la atención de emergencias y a la improvisación del gobierno.
Si el Presidente dejara de tachar a éstas organizaciones como “A veces parece qué hay algunas organizaciones de “derechos humanos” que solo trabajan para lograr que mueran más humanos”[1], como lo ha dicho públicamente por Twitter, se daría cuenta que éstas mismas han capacitado y formado a múltiples comunidades en gestión de riesgos y en el Manual Esfera, y que cuentan con experiencias previas en atención ante desastres naturales y emergencias sanitarias.
A veces parece qué hay algunas organizaciones de “derechos humanos” que solo trabajan para lograr que mueran más humanos.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2020
Cuando era la delincuencia, pensé que era algo ideológico, pero ahora también están del lado del virus.
¿Qué buscan estas organizaciones?
El Manual Esfera, es un conjunto de normas basadas en los derechos humanos, para mejorar la calidad de las respuestas humanitarias ante emergencias y mejorar la rendición de cuentas de las autoridades ante estas situaciones. Tal como lo dice este manual, también es sumamente importante que las personas albergadas puedan participar plenamente en las decisiones relacionadas con su propia recuperación; caso contrario a lo observado en el país, donde se criminalizó y se sigue criminalizando a quienes denuncian las malas condiciones de estos centros.
Por otro lado, si nos centramos en los mecanismos de seguridad instalados para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias como la cuarentena domiciliar, estos se han basado en la implementación del miedo en la población; a través del despliegue de la fuerza militar y policial y las amenazas de ser trasladado a un Centro de Contención. A lo cual, se suma que actualmente se han expuesto a la luz y se han recibido denuncias sobre grupos delictivos ordenando a la población mantener la cuarentena domiciliar por la fuerza. De ese modo, el factor miedo se infunde desde la ciudad hasta expandirse a las comunidades más periféricas.
Pero, si las diferentes expresiones de organización situadas en las comunidades vigilaran el cumplimiento de las medidas decretadas, éstas serían acatadas bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, con un trato amigable de personas que la misma población reconoce como líderes y lideresas y bajo una mirada de lo comunitario, del compañerismo, del cooperativismo y del trabajo multisectorial e integral.
Por tanto, el sensibilizar a la población sobre la necesidad de acatar las medidas sanitarias y asegurarse de su cumplimiento, debe ser una tarea emprendida por los mismos habitantes desde y para sus territorios.
Otra situación que evidenció la necesidad de la Organización de la población fue el Apoyo Económico para Alimentación. El mecanismo anunciado para la entregada de dicho subsidio dejó claro el desconocimiento de los funcionarios del Estado de las condiciones de vida de la población salvadoreña; donde existen retos para lograr el 100% de la población alfabetización (la tasa actual de alfabetización es del 84%)[2], poco acceso digital (sólo el 21.20% del total de hogares del país tiene acceso al servicio de Internet)[3] y hogares sin servicio de energía eléctrica. Convirtiéndolo así, en un mecanismo de selección y entrega totalmente excluyente.
Es destacable que la falta de un Censo Nacional con datos actualizados y vigentes cobró su parte de culpa. Sin embargo volviendo al tema central, si la población de cada comunidad o municipio estuviese organizada, ya sea en ADESCOS, Juntas Directivas u otras formas, se pudiera contar con Mapeos Zonales y Censos a pequeña escala que hubiesen aportado a solucionar esa situación; ya que de esa manera se tuvieran datos de identificación de personas que realmente deberían ser beneficiarios o beneficiarias del subsidio.
Así mismo, la población organizada realizaría una función vital en todo este proceso, se trata del acompañamiento a los demás habitantes, especialmente a aquellos más vulnerables o en inferiores condiciones; realizando labores de identificación y seguimiento de casos con posibilidad de poseer la enfermedad, gestionar asistencia médica adecuada, entrega de insumos médicos y alimentación para el abastecimiento de la población de sus territorios, la denuncia de irregularidades, entre otras.
Alrededor del mundo, se puede observar ejemplos de comunidades que se han auto organizado frente a esta amenaza.
Por ejemplo, en Gran Bretaña, cientos de grupos de ayuda mutua están surgiendo para hacer frente al impacto de la crisis de COVID-19, donde los distritos se han organizado y distribuido tareas por cada área de barrio, y con una gran cantidad de personas que se ofrecen como voluntarios, quienes son divididos en sub grupos para atender cada calle o estado. Muchas de las personas que se están organizando por primera vez o provienen de otros movimientos sociales, ofreciendo apoyo poyo y ayuda a cualquier persona que lo necesite. Estos grupos además de proporcionar ayuda inmediata, se convertirán en colectivos de gran importancia para enfrentar los estragos y efectos colaterales de la pandemia.
En Colombia, donde ha sido establecido el aislamiento obligatorio para adultos mayores de 70 años, debido a que un gran número aún trabaja y temen no poder cubrir sus necesidades básicas; la población se organizó en Redes de Vecinos, realizando mapeos que permitieron localizar personas vulnerables, para entregarles suministros médicos y alimenticios y ofreciendo ayuda para la realización de sus actividades, evitando que ellos se expongan a un contagio.
Casos como los anteriores se pueden seguir visualizando en diferentes países, con actos de solidaridad que llevan a cabo la población organizada, bajo propósitos como facilitar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio.
En nuestro país, el día de ayer, los y las residentes de la Colonia Villa de Jesús en Soyapango, mostraron un ejemplo de los alcances que pueden lograr a través de la Organización; quienes decidieron oponerse a que las autoridades del Gobierno Central utilizaran las instalaciones del Duicentro ubicado en las cercanías de la Colonia INCO como Centro de Cuarentena para recibir alrededor de 130 personas.
La comunidad mostró su descontento frente a esta situación, ya que es una zona densamente poblada y en ningún momento se tomó en cuenta su opinión, y según sus testimonios ya se observaba movimiento de camiones descargando camas hospitalarias y otros insumos.
Algunas horas más tarde el Presidente Nayib Bukele publicó un tweet donde aclaraba que no se estaba construyendo ningún Centro de Cuarentena en Soyapango. La población de esa comunidad tomó este anuncio del Presidente como un logro ante la denuncia que ellos habían realizado.
Este hecho, demostró la capacidad de organización que como salvadoreños podemos alcanzar en la lucha por defender nuestros intereses comunes a pesar de las restricciones que a través del Estado de Excepción se han impuesto.
Los ejemplos de los diferentes países y el nuestro, comprueban que la respuesta comunitaria representa la acción más importante, con resultados globales posibles en cualquier escenario.
Sabemos que los trabajadores del sector salud es el principal depositario de la responsabilidad de atender al fenómeno, pero ello requiere respaldos del gobierno y la sociedad, en ese sentido, la población organizada es la mejor vía para la denuncia, la contraloría social, la exigencia de sus derechos y, actualmente, frenar los contagios ante el COVID-19.
Referencias:
[1] Nayib Bukele en Twitter @nayibbukele. 29 de marzo, 2020.
[2] UNESCO, 2016.
[3] Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, DIGESTYC, 2018.
