“¡Golpe de estado en Venezuela! ¡Maduro concentra todo el poder!” A sólo unos días del 15º aniversario del golpe de estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez (del 11 al 13 abril de 2002), los mismos que lo llevaron a cabo (la oligarquía venezolana, sus amos en Washington y sus perros falderos en Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile y Lima, jaleados por la jauría mediática en Madrid y EE.UU.) ahora están gritando y aullando como hienas contra un supuesto “auto golpe de Estado” del presidente Maduro.
“¡Golpe de estado en Venezuela! ¡Maduro concentra todo el poder!” A sólo unos días del 15º aniversario del golpe de estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez (del 11 al 13 abril de 2002), los mismos que lo llevaron a cabo (la oligarquía venezolana, sus amos en Washington y sus perros falderos en Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile y Lima, jaleados por la jauría mediática en Madrid y EE.UU.) ahora están gritando y aullando como hienas contra un supuesto “auto golpe de Estado” del presidente Maduro.
¿Cuáles son los hechos? La causa inmediata de esta protesta hipócrita es el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 29 de marzo, que falló que en la medida en que la Asamblea Nacional está en desacato, el TSJ de ahora en adelante se hará cargo de sus poderes para ejercerlos o delegarlos en otro poder que él mismo determine. Inmediatamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, declaró esto como un “golpe de Estado” y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro lo describió como un “auto golpe de Estado” y pidió la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la OEA con el fin de activar la Carta Democrática contra Venezuela. El gobierno peruano decidió retirar a su embajador de Venezuela.
¿Cuáles son las raíces de este fallo? Desde la victoria de la oposición de derechas en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, ha habido un agudo conflicto entre los diferentes poderes del Estado. Ya a finales de diciembre de 2015, el TSJ falló que ante las irregularidades en las elecciones en el estado Amazonas, las mismas se declaraban nulas y ordenó que fueran repetidas. Existían pruebas que fueron presentadas de la compra de votos por parte de políticos de la oposición. Esto afectaba a cuatro diputados, dos de la oposición, uno del PSUV y otro elegido en la lista indígena (también partidario de la oposición), que quedaron descalificados. Sin embargo, estos tres diputados de la oposición eran clave, ya que le proporcionaban a la oposición una mayoría de dos tercios y por lo tanto poderes mucho más amplios. La Asamblea Nacional se negó a obedecer la orden del TSJ y juramentó a los tres diputados de la oposición de Amazonas en enero de 2016. Una vez más el TSJ declaró el acto nulo y sin efecto y en contravención de su fallo anterior. En agosto de 2016, el TSJ declaró que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los diputados de la oposición estaban en desacato por haber violado dos de sus fallos.
En una nueva escalada del conflicto institucional, en octubre de 2016, la Asamblea Nacional votó para iniciar procedimientos a fin de efectuar un “juicio político” al presidente Maduro, y también procedimientos para declarar que Maduro había “abandonado su cargo”. Entre las razones dadas para estas acciones, fue la afirmación de que Maduro no es un ciudadano venezolano y por lo tanto no puede ser presidente (!!). Finalmente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró que el presidente Maduro había “abandonado su cargo”. Cómo puede ser acusado de “abandonar su cargo” y al mismo tiempo de “llevar adelante un golpe agarrando todos los poderes”, nadie lo puede entender. La Asamblea Nacional, además, pidió a la Organización de los Estados Americanos invocar la Carta Democrática contra Venezuela, en la práctica pidiendo a potencias extranjeras que violen la soberanía de Venezuela, algo que revela claramente el carácter apátrida de la oligarquía venezolana. El intento de utilizar la Carta Democrática fue derrotado en la OEA, a pesar de las amenazas directas de Washington contra una serie de países miembros.
Por último, el gobierno preguntó al TSJ si era necesario enviar su decisión de crear empresas mixtas en el sector petrolero a ratificación de la Asamblea Nacional. El TSJ respondió con su fallo del 29 de marzo, que, en la medida en que la Asamblea Nacional estaba en desacato y no había tomado ninguna acción para rectificar esa situación, el gobierno no tiene que enviar sus decisiones a la misma y que el TSJ se hace cargo de los poderes legislativos de la Asamblea Nacional para ejercerlos directamente o a través de cualquier otro órgano del poder que determine. Ese fallo había sido precedido por otro del día anterior en el que el TSJ dictaminó que, como la Asamblea Nacional estaba en desacato, sus miembros no podían gozar de inmunidad parlamentaria.
Si la oposición en la Asamblea Nacional quisiera en realidad usar sus poderes, sería fácil acatar el fallo del TSJ sobre los tres diputados de Amazonas y luego empezar a legislar. Sin embargo, la oposición no está realmente interesada en eso, sino que quiere crear un incidente lo más grande posible, para justificar la eliminación de Maduro de la presidencia.
Debemos oponernos a ésta campaña hipócrita de los que sí llevaron a cabo un golpe de Estado en Venezuela en el 2002, y que ahora quieren quitar a Maduro del poder y apelan a la intervención extranjera contra Venezuela. Si lograran alcanzar sus objetivos, sabemos claramente cuáles serían las consecuencias: todos los logros de la Revolución Bolivariana serían destruidos, las misiones sociales abolidas, las empresas y latifundios expropiados serían devueltos a sus antiguos dueños, se aboliría la Ley Orgánica del Trabajo permitiendo despidos masivos en las empresas estatales y privadas, se recortarían brutalmente o abolirían las pensiones de jubilación del Estado, se recortaría el presupuesto de salud y educación y se establecería un régimen de asalto contra todos los derechos democráticos básicos. Si alguien lo duda, sólo tiene que ver las medidas iniciales adoptadas por los gobiernos de la derecha que han llegado al poder en Argentina y Brasil. En Venezuela sería diez veces peor.
Sin embargo, no se trata sólo de quién tiene razón o no desde un punto de vista legal o de procedimiento. Como todas las cuestiones fundamentales en la sociedad, este conflicto se va a resolver sobre la base de quién tiene el poder real, en términos de las fuerzas armadas y / o la movilización de masas en las calles que puedan romper el poder estatal. Por el momento, no parece que la oposición reaccionaria tenga ni lo uno ni lo otro. La oposición ha hecho llamamientos constantes al Ejército a salir “en defensa de la Constitución” (es decir: sacar a Maduro), pero hasta ahora han caído en oídos sordos. Sus intentos más recientes de sacar a la gente a las calles en septiembre y octubre el año 2016 fracasaron por completo por la falta de una estrategia clara y decisiva. Algunos de los líderes de la oposición convocaron a una marcha hacia el Palacio de Miraflores, pero cuando llegó el día se echaron atrás, provocando la ira y la desmoralización de sus propios seguidores.
Las concesiones a los capitalistas socavan la revolución
Más allá de las cuestiones legales e institucionales, tenemos que preguntarnos ¿qué está haciendo 
el gobierno de Maduro con su poder? ¿Cuál es su estrategia? Hace unos días, Nicolás Maduro hizo una serie de declaraciones en la Expo Venezuela Potencia 2017, que no dejan ninguna duda sobre el hecho de que su estrategia es la de hacer concesiones cada vez mayores a los capitalistas, nacionales e internacionales. Maduro rechazó lo que él calificó como una “campaña sucia que dice que tenemos un modelo comunista y rechazamos la empresa privada”. Por el contrario, dijo, “el 90 % de la economía está en manos de empresas privadas” (en realidad lo que quería decir era que el 90 % de todas las empresas está en manos privadas, a pesar de que representan un porcentaje menor de la economía.) Luego procedió a anunciar más concesiones a los capitalistas, nacionales y extranjeros, dándoles préstamos de los bancos estatales, tanto en bolívares como en dólares, y anunció una mayor liberalización del sistema de cambio de divisas con el fin de permitir a las empresas privadas un acceso más fácil a los dólares (que provienen de la renta petrolera en manos del Estado).
Estas declaraciones y concesiones han provocado la ira generalizada y malestar entre las filas del movimiento bolivariano. Representan una continuación y una profundización de la política que el gobierno de Maduro ha estado siguiendo desde que fue elegido: responder a los ataques de la oposición en el ámbito político e institucional, al tiempo que se hacen cada vez más concesiones a los capitalistas en el campo económico.
Esa es una política que conduce directamente al desastre. La economía venezolana está en una crisis profunda, con una caída brutal del PIB, hiperinflación, escasez grave de alimentos básicos y medicinas y una parálisis de la producción. Esta crisis es el resultado, en última instancia, de la rebelión de las fuerzas productivas – que siguen operando bajo el marco de un mercado capitalista – contra los intentos del gobierno de regularlas, a través de los controles de precios y el control de cambios. Esto se ha agravado y multiplicado por el colapso en el precio del petróleo en el mercado mundial. Enfrentado a una limitación extrema de las reservas de divisas y de los ingresos petroleros, el gobierno ha recurrido a priorizar el pago de la deuda externa por encima de las importaciones, que han sido severamente recortadas, agravando aún más la escasez. Al mismo tiempo, con el fin de sufragar el presupuesto del Estado, donde hay un déficit consolidado que asciende a 15-20 % del PIB, se ha recurrido a una política de impresión desaforada de dinero que a su vez ha dado lugar a la hiperinflación. Lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo, que nunca existió, sino más bien, el intento de regular la economía capitalista a través de la intervención del Estado y hacer que funcione en beneficio de la mayoría.
Sólo hay dos maneras de salir de esta crisis económica: una es levantar todas las regulaciones y controles y permitir que el mercado capitalista trabaje “normalmente”, lo que significaría que se haría pagar a los trabajadores el precio de la crisis. Esa es la dirección que el gobierno de Maduro ha estado tomando progresivamente. El otro es expropiar a los capitalistas y dirigir la economía sobre la base de un plan democrático de la producción que pueda satisfacer las necesidades de la población, haciendo al mismo tiempo un llamamiento internacionalista a los obreros y campesinos de la región a salir en defensa de la revolución y derrotar los intentos de sus propias clases dominantes de destrozarla. Eso significaría hacer que los capitalistas paguen el precio de la crisis.
La continuación de la política actual del gobierno no hará sino agravar la crisis desde el punto de vista del pueblo trabajador, y por tanto, erosionar aún más su apoyo entre las masas bolivarianas. El gobierno tiene la idea de que este año vamos a ver un aumento de los precios del petróleo a un nivel de alrededor de 70 a 80 dólares por barril y que esto le daría el margen necesario para invertir en programas sociales de nuevo, recuperando así el apoyo popular. En esa situación podría convocar a elecciones en mejores condiciones. Esto es una quimera. Los precios del petróleo subieron ligeramente después del acuerdo de la OPEP y Rusia para recortar la producción, pero ese proceso se ha cortado en la medida en que la subida de los precios del petróleo ha hecho que el fracking sea de nuevo rentable en los EE.UU., lo que aumenta la producción mundial y ha empujado los precios hacia abajo de nuevo.
¿Cómo combatir la ofensiva del imperialismo y la oligarquía?
Si hemos de ser sinceros, la política del gobierno representa una traición al legado del presidente Chávez. En sus últimas declaraciones antes de su muerte, en el Golpe de Timón y el Plan de la Patria Socialista, Hugo Chávez hizo hincapié en dos ideas fundamentales: a) que todavía estamos en una economía capitalista y hay que avanzar hacia el socialismo, y b) hay que destruir el Estado burgués y sustituirlo por un “Estado comunal” (es decir, uno basado en las Comunas Socialistas). Con todas sus limitaciones, éstas eran ideas correctas.
La actual dirección del movimiento bolivariano y el gobierno del presidente Maduro van en la dirección opuesta: en el campo económico han estado haciendo más y más concesiones a los capitalistas, mientras que en el campo político han sofocado todas las vías de participación popular, el control obrero, y el poder de las masas.
Independientemente de sus intenciones, hay que decirlo claramente: estas políticas conducirán directamente a la derrota de la revolución bolivariana y la toma del poder por la oposición burguesa. Eso sería una catástrofe. Con el fin de evitarlo debemos adoptar firmemente una política de lucha por el socialismo y contra el Estado burgués.
Ante la embestida del imperialismo y los capitalistas venezolanos, ¿cuál sería la forma más eficaz de combatirla? En primer lugar, Venezuela debería romper relaciones diplomáticas con Washington que es el que dirige y coordina esta campaña. En segundo lugar, debería expropiar las propiedades de las multinacionales de cualquier país implicado en esta grosera interferencia en la soberanía nacional de Venezuela. En tercer lugar, se deben expropiar las propiedades de la oligarquía venezolana que ha estado conspirando constantemente contra la voluntad del pueblo durante los últimos 15 años. En cuarto lugar, hay que crear comités antiimperialistas y anticapitalistas de obreros, soldados y campesinos en cada empresa, fábrica, cuartel y en el campo. Estos comités deben estar armados y ejercer el control obrero contra el sabotaje de la oligarquía. Por último, la Revolución Bolivariana debe hacer un llamamiento a los trabajadores y campesinos de América Latina y la clase obrera del mundo pidiendo su apoyo y que bloqueen los intentos de los gobiernos reaccionarios de intervenir en su contra.
Esta sería la única política que puede garantizar la defensa de la revolución.
