Aparentes avances
Después de largas discusiones, y de amplias modificaciones al proyecto inicial entregado el pasado septiembre de 2017, el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado por la Asamblea Legislativa a inicios de enero del presente año.
El PGN de este año aparentemente representó un avance en la inversión del gobierno en el gasto social, de hecho, hubo un incremento general del presupuesto de más de $562 millones respecto al 2017. Para el área de Desarrollo Social se aumentó cerca de $290 millones. Este dinero será utilizado “principalmente en el Ramo de Educación, Salud, las transferencias que se otorgan a los gobiernos municipales y el financiamiento al Sistema Público de Pensiones, totalizando en conjunto US$2,183.1 millones” (Portal de Transparencia Fiscal del GOES).
En Educación se destinó un refuerzo de $6.5 millones que garantizará la exoneración de la cuota mensual a los estudiantes provenientes de educación pública que cursan su formación profesional en la Universidad de El Salvador, sin duda esto beneficiará a muchos hijos de trabajadores, y dará paso a mejorar las condiciones de educación de la UES, que yacen precarias. El gobierno también reorientó $53 millones, recortándolos del Ministerio de Hacienda y de la Corte Suprema de Justicia para poder “estabilizar” los demás rubros del Estado.
Sin embargo, lo que el presupuesto destina para el pago de la deuda publica sigue sobrepasando el gasto social, para este año se proyecta abonar al pago de la deuda $1,015.2 millones tanto para deuda interna como para la externa. Esto es inadmisible para un gobierno “revolucionario”, que parece no comprender las causas estructurales en el ámbito económico del país que hacen funcionar al PGN sobre una lógica neoliberal, que no es capaz de proyectarse el desconocimiento de la deuda, ni de llevar a cabo una política seria de recaudación fiscal ante los grandes elusores y evasores, ni mucho menos de desarrollar las fuerzas productivas del país bajo medidas socialistas.
Apoyo a la economía capitalista
Por consiguiente, el gobierno del FMLN desde que ascendió al poder Ejecutivo se ha limitado a administrar la crisis del sistema capitalista, más aún a contemplar como los efectos del neoliberalismo siguen hundiendo a las masas en la miseria, y se ha negado a transformar la economía capitalista en una economía socialista por medio de revolución proletaria. Por contraste, se ha dedicado a aplicar reforma tras reforma para paliar los males del sistema, pero las reformas deben ser los primeros pasos para transformar el sistema, sin embargo, el aplicar reformas para intentar beneficiar a los trabajadores y a los capitalistas por igual, es una cuestión que es perjudicial para la causa socialista mundial.
En ese sentido, el PGN 2018 contempla la inyección de cerca de $500 millones a las empresas privadas, como incentivos a la inversión para aumentar el Desarrollo Económico del país, entre ellos $4 millones para los cafetaleros arruinados. Esto fomenta el mantenimiento de la propiedad privada de los medios de producción y su funcionamiento bajo la lógica capitalista de acumular riquezas para una minoría a costa de la explotación de la mayoría. Por supuesto que la economía crecerá, pero para los bolsillos de los empresarios, a costa de más explotación laboral para los trabajadores que seguirán subsistiendo sobre salarios de miseria, y bajo la elevación de la canasta básica.
La negativa de avanzar hacia la revolución socialista en nuestro país, es decir, su política reformista ha llevado al FMLN a aplicar políticas contradictorias como las anteriores, por un lado, beneficia a los capitalistas y es cómplice de su vida parasitaria, y, por otro lado, da algunas concesiones a los trabajadores para paliar momentáneamente sus condiciones paupérrimas de vida, por ejemplo: los programas sociales del “buen vivir”.
Insostenibilidad del presupuesto
El problema del PGN 2018, como el de los años anteriores, es que esta sobre bases de arena. Se acordó emitir títulos de valores para la deuda por alrededor de $350 millones, estos son “garantes de préstamos”, es como tener un respaldo, al menos en papel, para saber que le pagaras a alguien que te presta dinero, debido a que el presupuesto de este año posee un déficit entre lo que se gastará, lo proyectado, y lo que ingresa al Estado por las contribuciones, lo recolectado, de “$554 millones” (Diario El Mundo)
Pero en realidad, no existen garantes para respaldar las emisiones de deuda, el Estado salvadoreño no es capaz de recaudar suficiente dinero para que sus promesas de pago sean cumplidas en el corto o mediano plazo, por eso recurre a más deuda para solventar las anteriores, y así crece y crece más la burbuja que cada vez amenaza reventar con mayor intensidad. “Entre el año 2000 y el 2021 habremos pagado un servicio de deuda por $37,152 millones y la deuda de $4,794.4 millones que teníamos en el 2000 para el año 2021, el FMI la proyecta a $24,242 millones. Es decir que la deuda se habrá incrementado 5 veces desde el año 2000 y la habremos pagado en ese mismo período 7.7 veces” (tomado de ADESES, Carta Económica).
Mientras el gobierno más presta para sostenerse, las deudas siguen incrementando y arrollándole a un callejón sin salida, y al parecer el gobierno preferirá atacar los bolsillos de los trabajadores que los de los empresarios para solucionar ese impase.
Respaldamos este argumento con la dura realidad, y es que el presupuesto de la nación se compone de una tributación al Estado que no conoce justicia alguna, pues es regresiva, es decir aquellos que menos tienen son los que más contribuyen al Estado y quienes poseen grandes riquezas tributan una miseria: “En promedio, la alícuota de ingresos del fondo de salarios que se destina al pago de impuestos tributarios en los últimos 10 años ha sido de 25.32 %, mientras que los pagados por las empresas ha sido de 3.59 % del excedente bruto de explotación”. (Tomado de ADESES, Carta Económica).
Desde un punto de vista revolucionario, esto es inadmisible y causa indignación. No existe manera de respaldar las emisiones de deudas con dinero real producto del trabajo que todos los trabajadores salvadoreños realizan al año, pues ese dinero se va para los bolsillos de los empresarios, y de estos a la bolsa de valores. Y debido a la poca industrialización del país, a la elusión y la evasión fiscal, el sistema previsional que sigue funcionando bajo una lógica de ahogar más las arcas financieras del Estado, y a la negativa del gobierno de Ceren de aplicar políticas socialistas para salir de la crisis, es casi una conclusión lógica que en el próximo periodo la crisis recaerá sobre las espaldas del pueblo trabajador, se aumentarán sus tributaciones pero no se combatirá las artimañas de evasión de los empresarios.
¿Cómo solucionar este impase?
Dentro de este embrollo, el FMLN propone algunos puntos rescatables en la política fiscal, plantea una política de ingresos basada en impuestos progresivos, para que quien gane más, pague más, pero esto lo han repetido los dirigentes desde hace mucho tiempo, plantean escribirlo en leyes y aprobarlas para que se cumpla, pero esta política, aunque se escriba en muchas propuestas de ley solo podrá conseguirse con la movilización de masas.
Como revolucionarios consecuentes, debemos presionar porque esto pase del papel a la realidad, debemos agitar no solo por esto, sino porque se lleve a cabo una política correcta en este año donde la crisis se asentará más, debemos organizarnos y luchar por la nacionalización del sistema previsional, por la reactivación del agro bajo una producción controlada por los trabajadores agrícolas, porque sea desconocida la deuda pública declarando el no pago de la misma, porque se fomente desarrollar la industria de nuestro país pero en las manos de los trabajadores no de los empresarios, en fin, porque la economía sea planificada bajo control de los trabajadores y de los campesinos para que las riquezas producidas sean socializadas desde el Estado para toda la sociedad, y los presupuestos anuales beneficien solo al pueblo trabajador.
