Incluso antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente del domingo en Venezuela, la oposición y el imperialismo ya habían declarado que había habido fraude masivo y que no reconocerían la legitimidad de la Asamblea. Desde entonces, han aumentado la presión en todos los frentes. ¿Cómo enfrentarles?
Incluso antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente del domingo en Venezuela, la oposición y el imperialismo ya habían declarado que había habido fraude masivo y que no reconocerían la legitimidad de la Asamblea. Desde entonces, han aumentado la presión en todos los frentes. ¿Cómo enfrentarles?
Estas no fueron unas elecciones normales, sino una importante batalla en la ofensiva que la oligarquía y el imperialismo han desatado en los últimos cuatro meses contra la Revolución Bolivariana. No sólo la oposición declaró que iban a boicotear las elecciones, sino que además intentó impedir físicamente que las votaciones se pudieran realizar. El domingo 30 de julio levantaron barricadas que impidieron el paso a los centros de votación, algunos de ellos fueron atacados, destruyeron material de votación y máquinas electorales, realizaron ataques armados contra colegios electorales, incluyendo el asesinato de un Guardia Nacional que protegía uno en La Grita (Mérida), ataques con bomba contra guardias nacionales, etc. Al final del día se contabilizaban entre 10 y 15 asesinatos, entre ellos un candidato a la Asamblea Constituyente en Bolívar.
A pesar de eso, o en algunos casos como reacción a esta violencia, millones de venezolanos salieron a votar. En Poliedro de Caracas, decenas de miles de personas hicieron colas de muchas horas para poder ejercer su derecho a voto. El estadio se había transformado en un enorme centro de votación para permitir el derecho de voto a las personas que viven en zonas dominadas por la derecha en el este de Caracas, ya que no era seguro hacerlo en sus respectivos centros de votación. Los habitantes de Palo Gordo en Táchira, fueron amenazados por opositores armados para que no fueran a votar. Sin embargo salieron a votar, cruzando ríos y montañas para llegar a su centro de votación (ver https://twitter.com/madeleintlSUR/status/892479993275719680 ). La violencia de la oposición fue particularmente severa en zonas de Táchira, Mérida, Barquisimeto, así como en el este de Caracas.
También cabe destacar que en estas elecciones el boicot de la oposición significó que la única competencia era entre listas oficiales apoyadas por la burocracia y toda una serie de coaliciones y listas de diferentes agrupaciones de la izquierda chavista. Esto podría haber contribuido a aumentar el número de votantes.
La cobertura mediática internacional de las elecciones fue escandalosa. Ya habían decidido de antemano que un presidente que convoca a una elección es, por supuesto, un dictador. No sólo esto, la mayoría de ellos tenía titulares de portada que hablaban de la represión del gobierno, y los ilustraron con una imagen de una caravana de guardias nacionales envueltos en enormes llamas ¡como resultado de la explosión de una bomba colocado por la oposición!
Por supuesto, los resultados de la Asamblea Constituyente no han significado el fin de la ofensiva reaccionaria. Casi simultáneamente, los gobiernos de derecha en América Latina, Washington y Madrid, anunciaron que no reconocían las elecciones. La oligarquía venezolana llamó a una nueva ronda de movilizaciones de calle. Por primera vez, el presidente estadounidense Trump llamó a Maduro "dictador" e incluyó al presidente venezolano en la lista de altos cargos sancionados por Washington.
El martes 1 de agosto, la Asamblea Nacional opositora, celebró una sesión especial para discutir los próximos movimientos y declarar la Asamblea Constituyente como ilegítima. En un gesto muy provocador, los embajadores de España, Francia, Reino Unido y México asistieron a la sesión y se reunieron con la dirección de la Asamblea Nacional. Este es un acto escandaloso de injerencia imperialista extranjera, por parte de países cuyo haber en cuestión de derechos humanos y democracia deja mucho que desear.
En realidad, la oposición está dividida en cuanto a qué táctica seguir. Es evidente que un sector, representada por Julio Borges, Ramos Allup y otros dirigentes burgueses de la vieja escuela, se dan cuenta de que su campaña no va como habían planeado. También tienen miedo al caos que un derrocamiento contrarrevolucionario de Maduro por las acciones de las fuerzas reaccionarias en las calles causaría y la posible resistencia de una sección de obreros y campesinos. También están calculando que si el gobierno sobrevive entonces habrá elecciones regionales a gobernadores en diciembre, en las cuales ellos quieren participar para no perder parcelas de poder. A este grupo también se unen gente como el gobernador de Lara Falcón, cuyo principal interés es mantener su cargo.
Este sector preferiría un acuerdo negociado con el gobierno. Esto significaría una transferencia pacífica del poder, lo que les permitiría tomar el control con la menor conmoción posible. De hecho, incluso Estados Unidos está enviando señales confusas al respecto. A pesar de su amenaza de sanciones económicas "rápidas y contundentes" a Venezuela si se celebraban las elecciones a la Constituyente, lo cierto es meter a Maduro en la lista negra es en gran medida un paso simbólico con muy poco impacto real, ya que no tiene activos en los EE.UU. Washington está preocupado por el impacto que las posibles sanciones económicas tendrían a la hora de empujar a Venezuela todavía más a los brazos de China y Rusia, pero sobre todo su impacto en la economía estadounidense. Tenemos que recordar que Venezuela es el tercer mayor proveedor de petróleo a los Estados Unidos y por lo tanto cualquier sanción a la petrolera estatal PDVSA tendría un impacto inmediato en las refinerías de petróleo en los Estados Unidos, que ya han estado presionando al gobierno estadounidense para que no las aplique. Más importante aún, después de la declaración de Trump el lunes, el subsecretario adjunto para América del Sur, Michael Fitzpatrick, dijo que Estados Unidos quiere un "diálogo" con el gobierno de Maduro y que si bien lo considera dictatorial, "respetamos al gobierno oficial de Venezuela y al presidente Maduro en este momento".
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, parecía estar dejando todas las opciones abiertas: "Nuestro actitud hacia Venezuela ha sido tratar de trabajar a través de socios de la coalición, a través de la OEA, así como otros que comparten nuestra visión del futuro de Venezuela… Claramente lo que queremos ver es que Venezuela vuelva a su constitución, regrese a sus elecciones programadas y permita que el pueblo de Venezuela tenga la voz en su gobierno que se merece ", dijo en una conferencia de prensa. Y añadió:
"Estamos evaluando todas nuestras opciones políticas en cuanto a qué podemos hacer para crear un cambio de condiciones en las que Maduro decida que no tiene futuro y quiere marcharse por su propia cuenta o podemos devolver los procesos gubernamentales a su constitución."
El sector duro de la oposición, borrachos con su propio éxito, quieren un cambio de régimen inmediato en Venezuela. María Corina Machado, hablando en la Asamblea Nacional, defendió un plan de acción que crearía instituciones estatales alternativas a todos los niveles. Dijo que la Asamblea Nacional no sólo debe nombrar nuevos jueces de la Corte Suprema (lo que hizo la semana pasada), sino también rectores del Consejo Nacional Electoral, embajadores y un nuevo gobierno. La idea es que estos fueran reconocidos por los gobiernos imperialistas. Cuando estas propuestas fueron presentadas a la Asamblea Nacional el lunes por Freddy Guevara, el líder de AD Ramos Allup le interrumpió a gritos inmediatamente. Allup le dijo en términos inequívocos que estas propuestas eran irresponsables y, correctamente, señaló que los nuevos jueces de la Corte Suprema nombrados por la Asamblea Nacional habían sido detenidos o buscado refugio en la embajada chilena, sin que la AN hubiera podido hacer nada para defenderlos. En última instancia, una contrarrevolución se reduce a controlar los cuerpos de hombres armados en el aparato estatal, y la oposición todavía no tiene ese control. De hecho, Ramos Allup acaba de anunciar que su partido, AD, participará en las elecciones regionales de finales de año (lo que además significa reconocer al actual CNE).
A pesar de toda la habladuría sobre la "hora cero" y la "marcha a Miraflores" de la semana pasada, la oposición no pudo movilizar a grandes multitudes precisamente por la indecisión y las confusión creada por sus propios dirigentes. El motivo de su indecisión era que mientras estaban dispuestos a hacer mucho ruido y emitir grandes amenazas, al mismo tiempo estaban participando en negociaciones secretas con el gobierno – con la mediación del ex presidente español, Zapatero. Los términos de estas conversaciones eran: un calendario claro para las elecciones regionales de este año y las elecciones presidenciales del próximo año, así como la restauración de todos los poderes a la Asamblea Nacional (algo que se lograría si repitieran las elecciones de los 3 diputados de Amazonas anulados por fraude).
Mientras tanto, el gobierno de Maduro no tiene otra estrategia que insistir en llamar a la oposición a las negociaciones y ofrecer más concesiones a los capitalistas.
La Asamblea Constituyente sólo tendría sentido si se fuera a usar para tomar medidas decisivas para resolver la crisis actual, que tiene sus raíces en la profunda recesión económica. Sólo es posible avanzar con un programa revolucionario claro. Los miembros de izquierdas de la Asamblea Constituyente deben proponer las siguientes medidas:
- Que la Asamblea Constituyente asuma todos los poderes
- Por el monopolio estatal del comercio exterior
- Repudio de la deuda externa para poder utilizar las divisas para importar alimentos y otros productos básicos
- Expropriar POLAR y toda la cadena de producción y distribución de alimentos, bajo el control democrático de trabajadores y campesinos
- Congelación inmediata de precios y aumento general de los salarios
- Expropiación de bancos privados y multinacionales
- Para un plan democrático de producción para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador
- Detención de los responsables de la violencia contrarrevolucionaria, los políticos de la oposición, y sus financieros en la clase capitalista, para que sean juzgados por tribunales revolucionarios
- Detención de todos los funcionarios involucrados en la corrupción y confiscación de activos mal habidos
- Introducción del control obrero en todas las empresas e instituciones estatales para combatir el burocratismo
Este programa reavivaría el entusiasmo entre las masas porque comenzaría a abordar los problemas clave de la crisis económica y el desabastecimiento. Ese programa tendría que estar respaldado por la organización revolucionaria del pueblo en los barrios obreros y pobres y su autodefensa armada, siguiendo el ejemplo de las Brigadas de Defensa Popular. Estas deberían combinarse con la plena movilización de la reserva de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y la estrecha fraternización de los trabajadores y campesinos armados con su tropa.
