El sistema capitalista mundial llegado hasta cierta etapa de su desarrollo convirtió a aquellos países, donde el proceso de industrialización y la revolución democrática burguesa se vieron completados, en dueños no solo del capital industrial internacional sino también del capital financiero. Esta dual capacidad les facultó el poder de expandir el sistema capitalista a todo el globo, por tanto, de dominar económica, política e ideológicamente a los demás países.
El sistema capitalista mundial llegado hasta cierta etapa de su desarrollo convirtió a aquellos países, donde el proceso de industrialización y la revolución democrática burguesa se vieron completados, en dueños no solo del capital industrial internacional sino también del capital financiero. Esta dual capacidad les facultó el poder de expandir el sistema capitalista a todo el globo, por tanto, de dominar económica, política e ideológicamente a los demás países.
Los países a los que el sistema capitalista llego de forma tardía se vieron inmersos en relaciones sociales de producción desiguales y combinadas, las viejas formas del modo de producción agrícola feudal se mezclaron con las nuevas formas industriales de producción del capitalismo. Este desarrollo desigual y combinado de las fuerzas productivas se inclinó en su mayoría ante el nuevo modo de producción, aunque aún en nuestros días las viejas formas en algunos lugares del mundo se niegan a morir.
En ambos países se erigieron Estados burgueses para sobre guardar la propiedad privada, con la diferencia que en los países donde el ciclo del desarrollo capitalista paso por todas sus fases se erigieron Estados fuertes y fueron capaces de financiar el proceso de industrialización y el funcionamiento orgánico de los Estados débiles erigidos en los otros países donde no se completó dicho ciclo. Paralelamente, enfrentando en una contradicción al desarrollo de las fuerzas productivas del libre mercado con las limitantes del Estado nación. Por ejemplo, la dependencia económica de la mayoría de países latinoamericanos frente a los Estados Unidos es un claro ejemplo de nuestro argumento.
El Salvador como Estado, históricamente ha dependido de préstamos y deudas para poder funcionar, exceptuando la administración de Martínez y algún período luego de la Revolución del 48, y muy agravados durante los gobiernos de ARENA, por la entrada del modelo neoliberal y el desfalco estatal. En los últimos años, luego de la crisis del 2008, el Estado salvadoreño ha caído en muchas crisis fiscales de administración, las más recientes y sentidas en los últimos tres años. Economistas de izquierda han identificado las razones más inmediatas y principales de dicha crisis, como hemos recalcado antes: la administración privada del sistema de pensiones, la deuda externa y la elusión y evasión fiscal, todas compatibles con la lógica del funcionamiento estatal burgués y su marco actual neoliberal.
En el 2017, la crisis fiscal estatal se agravó en una de sus razones principales: el sistema previsional, pero recientemente las arcas financieras del Estado salvadoreño se han logrado solventar en el corto plazo gracias a la leve reforma al sistema de administración de pensiones. No obstante, el problema de la crisis fiscal de nuestro país aún posee causas radicales sin resolver que a medida se mantienes, aumentan las probabilidades de una nueva crisis más profunda y duradera.
Presupuesto 2018
El gobierno de nuestro país, desde el Ministerio de Hacienda, ha elaborado una Política presupuestaria a mediano plazo 2018-2021, y se plantea grandes objetivos en el sostenimiento y ampliación de sus programas sociales en educación, salud, medio ambiente, seguridad pública y vivienda. Es más, plantea planes agresivos para que toda la población salvadoreña goce de acceso básico a estas cuestiones. Esto representa teóricamente el compromiso del segundo gobierno del FMLN con el pueblo trabajador salvadoreño.
Sin embargo, la práctica del gobierno en los últimos años, sobre todo en el 2017, en el tema presupuestario dista mucho de la teoría propuesta. Los recortes a subsidios para la población trabajadora, y el aumento de préstamos y deudas para financiar y sostener los programas sociales, que también se han visto con cierta austeridad, han sido las bases del proceder del gobierno de Cerén.
A finales del mes de septiembre, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2018. El gasto previsto “asciende a $5,520.5 millones, y según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, refleja un incremento de $562.7 millones en comparación con el presupuesto aprobado para este año” (Según el periódico digital elsalvador.com).El presupuesto presentado posee un déficit de cerca de $554.1 millones, para lo cual, el mismo Cáceres, asegura que deberán aprobarse más préstamos y deudas para solventarlo, debido principalmente a no tener moneda propia y para mantener dinero circulante.
El problema de solventar los gastos estatales con más deudas es que los intereses se acumulan y tarde o temprano deberemos pagarla, y tras la lógica del Estado capitalista, seremos los trabajadores en quien recaerá este pago, sino se poseen medidas revolucionarias que lo impidan.
Lo interesante de la propuesta de PGN 2018 es que mientras el Estado necesitará incrementar sus deudas y préstamos para solventar el déficit que presenta el presupuesto entre lo estimado a recolectar y lo se debe gastar realmente, el gasto corriente de las instituciones estatal no solo se mantiene intacto, sino que aumentan de manera considerable. Así tenemos que:“De acuerdo a los datos del presupuesto 2018, para ese rubro el monto es de $3,899.9 millones, mientras que para este año fue de $3,618.6 millones” (Según elsalvador.com). Las remuneraciones de los cargos públicos estatales reflejan un alza de $43 millones con respecto a lo destinado en 201/, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto con un alza respecto a este año de $100,000 para remuneraciones, bonos y gastos de seguros privados, La CSJ aumenta su presupuesto en $9.4 millones para gastos similares a los anteriores, y la Presidencia de la República lo aumenta en $1.6 millones.
¿Cómopodemos reducir la crisis fiscal?
Dentro del sistema capitalista y su Estado burgués es muy difícil que los intereses del proletariado se sobrepongan a los intereses de la burguesía sin una revolución social. Toda la política del Estado capitalista responde a su carácter de clase como defensor del modo producción burgués, esta política suele llevarse a cabo por los gobiernos reaccionarios al pie de la letra golpeando con mano dura las condiciones de vida de los trabajadores. No obstante, bajo un gobierno progresista, en manos de un partido de los trabajadores, el FMLN, guiados por las directrices principales de sus estatutos, lo cual lo identifican como un partido revolucionario y socialista, esto no debería de suceder.
La supremacía de lo económico sobre lo político, y la supeditación de lo segundo a lo primero, no impide de ningún modo, que lo político pueda usarse como medio para empezar a transformar de raíz lo económico. O lo que es lo mismo, la superestructura política de la sociedad puede ser el medio para transformar la base económica. Consideramos que esta es una tarea pendiente del FMLN en el gobierno, y creemos que puede empezar a enmendarse en el sentido de proclamar y basar nuestro programa revolucionario en primera instancia en nuestros días en una política fiscal de austeridad para los ricos y abundancia para los pobres.
Lo anterior implica que la dirección del FMLN desde el parlamento y demás órganos estatales donde poseen una influencia fuerte agite por la reducción del gasto en las instancias del Estado, comenzando por quienes ostentan cargos públicos del partido, promoviendo que estos elementos no ganen más que lo que gana un obrero cualificado, para eliminar el arribismo y el oportunismo en las filas dirigentes de nuestro partido, hacemos un llamado a las bases del FMLN a promover el debate interno sobre esta cuestión y presionar porque se generalice como política del partido.
También el gobierno del FMLN debe impulsar una campaña agresiva por declarar impuestos progresivos a los grandes empresarios y obligarles tras impuestos de mora a que paguen los millones que adeudan al Estado (la evasión y elusión fiscal asciende a $2,500 millones, según la Carta Económica, para 2016), a su vez, proponer la nacionalización del sistema de pensiones en el parlamento, sin indemnización para las AFP, y bajo control obrero para solucionar de raíz la crisis previsional.
Este dinero de lo anterior serviría para solventar los gastos de los programas salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, pensionesy vivienda, y así mantener las visiones y objetivos de la política presupuestaria del gobierno del FMLN. Por supuesto, comprendemos que esto no se logrará sin una verdadera correlación de fuerzas, pero tal correlación no debe hacerse solamente en alianza con los demás partidos representantes de la burguesía en el parlamento, sino con el pueblo trabajador aglutinado en los sindicatos y organizaciones revolucionarias, para tener una base social fuerte que respalde en las calles estas medidas y luche por conseguirlas de manera militante y combativa.
El desarrollo de estas medidas, significaría un avance sustancial en la profundización de los cambios del gobierno de Cerén y un aumento en el nivel político de las masas trabajadoras, sentaría pues, las bases para avanzar en la trasformación socialista de la sociedad. Consideramos que el debate sobre el presupuesto del 2018 debe aprovecharse como una oportunidad para que el FMLN presione por estas medidas.
