Las recientes lluvias provocadas por la onda tropical que afectó directamente a San Miguel vuelven a poner sobre la mesa un problema histórico de la ciudad, las inundaciones y la falta de obras de prevención y mitigación por parte de las instituciones correspondientes, alcaldía, y gobierno central.
En redes sociales hemos podido observar denuncias sobre inundaciones en distintas colonias del centro de San Miguel. Pero estas primeras lluvias fuertes deberían servir como una alerta. Lo ocurrido no es un fenómeno nuevo ni puede explicarse simplemente por la intensidad de las precipitaciones o por la basura en los tragantes. Detrás existe un problema estructural que las instituciones del Estado llevan años sin resolver. https://x.com/DiarioCoLatino/status/2101898566947999883
En 2017, distintos puntos de San Miguel ya sufrían graves inundaciones. Protección Civil identificó entonces diez puntos de desbordamiento del río Grande, afectando zonas urbanas como La Pradera, Las Brisas, Nueva Jerusalén, Jardín del Río y la colonia Carrillo.[1]
En 2022, la tormenta Julia volvió a golpear duramente a San Miguel y sus alrededores[2]. Las inundaciones obligaron a brindar asistencia a numerosas personas afectadas y dejaron nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades asentadas cerca del río Grande.[3]
En julio de 2024, habitantes de Las Pampas denunciaron que habían solicitado apoyo a la Gobernación, la alcaldía, Obras Públicas y diputados de San Miguel para desarrollar un proyecto adecuado de bordas. Dos años después, el problema continúa. En abril y mayo de 2025, habitantes de cantones que quedan aislados por el río volvieron a exigir la construcción de un puente al presidente y al ministro de Obras Públicas. Según denunciaron, las obras seguían reduciéndose a promesas.
Ese mismo año continuaron las inundaciones. En julio, al menos diez viviendas del caserío Casamota resultaron anegadas después del desbordamiento del río Grande. El 24 de agosto, colonias como Carrillo, Pradera 2 y Las Brisas volvieron a sufrir inundaciones, con pérdida de pertenencias y colapso de drenajes en sectores como la calle Elizabeth. El 13 de septiembre, la Cruz Roja reportó inundaciones en varias arterias de la ciudad, entre ellas la calle Chachartica y los alrededores del centro de gobierno.
Y en mayo de 2026 volvimos a ver prácticamente las mismas escenas. Entre el 27 y el 28 de mayo se registraron 77.8 milímetros de lluvia en San Miguel. Hubo vehículos anegados, árboles caídos, una valla derribada, un muro colapsado, problemas en Moncagua y agua ingresando a viviendas. Esta vez no se reportaron víctimas, pero el problema volvió a quedar expuesto.
Ineptitud del gobierno Central para dar respuesta a pesar que había dinero
Lo más preocupante son las condiciones de las bordas del río Grande, particularmente en el cantón La Canoa. Según habitantes de la zona, el tramo que realmente necesita intervención ronda los seis o siete kilómetros. Sin embargo, todo lo que el Estado ha puesto sobre la mesa son 600 metros lineales, argumentando que es más factible obras permanentes, antes que bordas que se tienen que renovar cada año.
Pero, esos 600 metros no son un gesto espontáneo de prevención, son la reactivación de un proyecto que ya había sido incluido en el presupuesto de 2025 y que el MOP nunca llegó a adjudicar. Hacienda tuvo que pedirle a la Asamblea que reincorporara los $8.7 millones en 2026, antes de que venciera el plazo de ejecución del préstamo. Y ese dinero, además, no sale de una partida pensada para prevenir, proviene del componente de emergencia de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, activado después de la tormenta Alberto de 2024. Es decir, el Estado ni siquiera está actuando de forma preventiva; está tardando dos años en gastar la plata de una emergencia pasada.
El 24 de abril de 2026, la Asamblea aprobó esos $8.7 millones. Días después, el 4 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró públicamente que los trabajos comenzarían en un plazo de 30 días. El 18 de junio, La Prensa Gráfica confirmó que las obras del MOP seguían sin iniciar. Según habitantes de La Canoa, lo único que se ha construido en la zona, un kilómetro de borda entre Santa Fidelia y Casamota, lo hizo la alcaldía de San Miguel Centro, no el ministerio. Consultado por el mismo medio sobre las razones del atraso, el MOP no respondió.
Han pasado años de inundaciones, denuncias comunitarias, proyectos anunciados y promesas incumplidas incluso cuando ya hay presupuesto aprobado y fecha comprometida por el propio ministro Romeo Rodríguez. Mientras tanto, las comunidades siguen expuestas.
Mientras retienen proyectos de protección, permiten proyectos destructivos
Y aquí aparece otra contradicción. Mientras el Estado demuestra una enorme lentitud para ejecutar obras destinadas a proteger a las comunidades, al punto de no cumplir ni sus propios plazos, sí permite que avancen proyectos que implican una transformación importante del territorio.
En el cantón Monte Grande, San Miguel Centro, el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) presentó un aviso penal ante la Fiscalía y una solicitud de intervención urgente ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra las empresas Salazar Romero y Global Developers, responsables del proyecto Urbanización Biarritz.
Según MILPA[4], más de 300 familias, unas 700 personas[5], están siendo afectadas por tala indiscriminada de bosques, contaminación de mantos acuíferos, destrucción de yacimientos arqueológicos prehispánicos soterrados por maquinaria pesada, y vulneraciones a derechos como el medioambiente sano y la vivienda digna. El movimiento pidió además una medida cautelar para suspender totalmente las obras, y acusó a las autoridades de permitir la continuidad del proyecto «por omisión o complicidad». Ni las empresas señaladas ni el Ministerio de Medio Ambiente, que registra a Global Developers como titular del proyecto desde 2024, respondieron a las consultas de la prensa sobre las denuncias.
La relación entre la transformación ambiental del territorio y el riesgo de inundaciones en la ciudad de San Miguel debe analizarse como parte de un problema de gestión territorial. Las inundaciones no dependen únicamente de la intensidad de las lluvias, sino también de la capacidad del suelo y de los sistemas de drenaje para absorber y conducir el agua.
En este sentido, el cambio de uso del suelo, la pérdida de cobertura vegetal y la expansión de superficies impermeables pueden reducir la infiltración del agua y aumentar la escorrentía superficial. El diagnóstico territorial de la Subregión de San Miguel señala precisamente que la impermeabilización y el cambio de uso del suelo generan una reducción de la infiltración y un incremento de la escorrentía superficial, lo que puede superar la capacidad hidráulica de los sistemas de drenaje. El mismo documento identifica esta situación como un problema particular del municipio de San Miguel.
Por ello, la expansión urbana y la intervención de áreas naturales deben evaluarse no solamente desde la perspectiva de la disponibilidad de suelo para vivienda y las ganancias de las empresas, sino también considerando sus posibles efectos sobre la infiltración, la escorrentía, los cauces naturales y la capacidad de los sistemas de drenaje. Esto no significa afirmar que una determinada urbanización sea, por sí sola, la causa de las inundaciones de San Miguel, sino reconocer que la pérdida acumulativa de funciones naturales del territorio puede incrementar la vulnerabilidad existente cuando coinciden lluvias intensas y sistemas de drenaje con capacidad limitada. Por eso resulta absurdo reducir el problema a decirle a la población que se inundó porque había basura en los tragantes o porque alguien no retiró su vehículo según advertencias de inundaciones.
Claro que mantener limpios los drenajes es importante. Pero no podemos convertir una responsabilidad colectiva de prevención en una forma de trasladar toda la culpa a los habitantes mientras las instituciones responsables de la planificación urbana, la protección ambiental y las obras de mitigación no resuelven problemas que llevan años identificados, ni siquiera cuando ya tienen el dinero aprobado y una fecha puesta por su propio ministro.
Las comunidades de San Miguel no necesitan más promesas de 30 días que se incumplen. Necesitan obras de prevención, bordas reparadas, las que realmente hacen falta, no una fracción simbólica, drenajes adecuados, puentes donde hacen falta y una verdadera política de protección ambiental.
Porque quienes terminan pagando las consecuencias de la falta de planificación no son las grandes empresas. Son los habitantes de las colonias, los cantones y los caseríos que pierden sus viviendas, sus pertenencias, sus cultivos o incluso sus fuentes de trabajo cada vez que el río se desborda.
Este caso expone claramente cómo el Estado tal cual lo conocemos, no tiene como fin último la solución de los problemas que afectan la vida de los más desposeídos, afortunadamente este invierno no ha tenido tantas lluvias fuertes, pero de lo contrario, probablemente, hubiéramos tenido una tragedia, es irónico y escandalosos que se puedan levantar una biblioteca un estadio, gigantes como símbolo de progreso, y no se puedan mitigar riesgos como estos donde, viven los que crean la riqueza.
En un gobierno de los trabajadores, los recursos colectivos del Estado estarían al servicio de las necesidades principales de la clase obrera, proyectos como estos tendrán prioridad, pero es difícil controlar lo que no se posee. En el sistema capitalista, los recursos que se generan del trabajo colectivo de millones, las máquinas, están en manos de las grandes empresas que operan bajo el interés de la ganancia no del interés social, por eso, nos interesa exponer aca las contradicciones de la sociedad actual, y dejar sobre la mesa la posibilidad de construir una sociedad que no este al servicio de los ricos sino de la clase obrera, esos solo puede lograrse organizándonos y luchando por un sistema socialista.
¡Organízate para luchar contra el capitalismo!
Como plantea Marx en El capital, la producción capitalista puede llegar a socavar las dos fuentes fundamentales de la riqueza: la naturaleza y el trabajo humano. Cuando la protección de la vida y del medio ambiente queda subordinada a las ganancias, las consecuencias terminan recayendo sobre quienes menos tienen. Lo que ocurre en San Miguel no debería verse como una sucesión inevitable de desastres naturales. Hay decisiones políticas, económicas y urbanísticas detrás de la forma en que se construye la ciudad y se gestiona el territorio.
Frente a esto, no basta con esperar la próxima inundación para volver a reaccionar. Es necesario que las comunidades se organicen, exijan las obras que necesitan y luchen contra el capitalismo que pone las ganancias por encima de la vida y de la naturaleza.
Como comunistas en San Miguel, nos pronunciamos ante estos hechos lamentables, la inoperancia de los gobiernos, la destrucción ambiental de las empresas y la cínica actitud de los políticos frente a estos problemas. Nos interesa denunciar estas atrocidades que ponen en peligro el medio ambiente y la vida humana, exigimos acciones, pero somos conscientes que es poco lo que se puede hacer si solo nosotros alzamos nuestra voz, por eso necesitamos que más jóvenes conscientes se una a nuestra lucha, se organicen con nosotros para formar un partido capaz de incidir directamente en la lucha política. Necesitamos más células comunistas en San Miguel, en la medida que estas células, se reproducen, se forman, y luchan por los cambios que se puedan conseguir dentro de los marcos capitalistas, sentaremos las bases del partido que necesitamos para la revolución, únete a nosotros y ayúdanos a luchar contra el capitalismo y a construir el partido comunista revolucionario.
