En cuatro meses, el presidente Bukele iniciará el proceso de campaña electoral para buscar un tercer período presidencial. Actualmente ha cumplido siete años desde que llegó a la Presidencia y mantiene elevados niveles de aprobación: un 85 % según la encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y más del 90 % según la encuesta de Cid Gallup. Estas mediciones reflejan que la población salvadoreña continúa priorizando, por encima de cualquier otro aspecto, los resultados obtenidos en materia de seguridad.
Tras más de cuatro años de régimen de excepción, renovado mensualmente por la Asamblea Legislativa, la tasa de homicidios cerró 2025 en 1.3 por cada 100,000 habitantes (82 homicidios totales), frente a más de 100 por 100,000 en el pico de 2015. Se trata de un cambio drástico para una población que durante décadas vivió bajo el miedo impuesto por las pandillas.
Diversas investigaciones periodísticas y judiciales sostienen que, en una primera etapa, el gobierno estableció negociaciones con dirigentes de las pandillas, ofreciéndoles beneficios a cambio de una reducción de los homicidios. Posteriormente, el Ejecutivo rompió esa estrategia y lanzó una ofensiva masiva contra las bases de estas organizaciones mediante el régimen de excepción. Independientemente de ese debate, una parte mayoritaria de la población considera que las medidas adoptadas han sido necesarias para recuperar la seguridad.
En esa misma línea, el gobierno ha impulsado un endurecimiento del marco penal, incluyendo reformas que amplían las penas para menores de edad involucrados en delitos graves y otras medidas de carácter altamente coercitivo. Aunque estas disposiciones han sido cuestionadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, continúan contando con un amplio respaldo popular debido a la percepción de que contribuyen a preservar los niveles actuales de seguridad.
Sin embargo, mientras la seguridad constituye el principal pilar de la popularidad de Bukele, la economía aparece de forma recurrente como el área peor evaluada de su gestión. Diversas encuestas muestran que la población identifica el costo de la vida, el desempleo y la pobreza como los principales problemas que el gobierno no ha logrado resolver.
Durante estos siete años, más de 200,000 personas han pasado a condición de pobreza y una proporción importante de la población considera que sus condiciones materiales de vida permanecen iguales o no han mejorado de manera significativa desde el inicio del actual gobierno. Además, la pobreza multidimensional (CEPAL) alcanzaba 53.3% de la población en 2024, una de las tasas más altas de América Latina, solo superada por Honduras y Guatemala. El índice de precios al consumidor acumula un incremento cercano al 31% desde 2009, impulsado especialmente por el repunte inflacionario de 2021-2023, que llevó la inflación anual a superar el 9% en 2022, la más alta en años recientes, erosionando el poder adquisitivo de los salarios incluso en los períodos posteriores de inflación más baja.
Al mismo tiempo, Bukele ha concentrado crecientemente el poder político. Tras obtener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa en 2021, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sustituyéndolos por funcionarios afines. Posteriormente, esa nueva Sala reinterpretó la Constitución para habilitar la reelección presidencial inmediata.
Más recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas constitucionales que modifican aspectos centrales del sistema político: amplían el período presidencial de cinco a seis años, sincronizan las elecciones presidenciales y legislativas y eliminan las restricciones que impedían la reelección indefinida del presidente. Asimismo, el actual período presidencial fue reducido para adelantar las elecciones de 2027, año en el que Bukele buscará un nuevo mandato que, de obtener la victoria, se extendería hasta 2033.
Todo indica que Bukele parte como amplio favorito para esas elecciones. Sin embargo, bajo esa fortaleza política continúan acumulándose importantes contradicciones económicas y sociales. Si bien la mayoría de la población valora la recuperación de la seguridad, tarde o temprano aumentará la presión para que el gobierno ofrezca respuestas concretas al deterioro de las condiciones de vida.
Hasta ahora, las principales políticas económicas del Ejecutivo han estado orientadas a favorecer la inversión privada mediante incentivos al gran capital, la flexibilización de regulaciones ambientales, la aprobación de mecanismos de expropiación por interés público y reformas que facilitan proyectos turísticos e inmobiliarios. No obstante, estas políticas no se han traducido en mejoras significativas para la mayoría de la clase trabajadora ni en una reducción sustancial de la pobreza o del empleo precario.
Varios de los proyectos emblemáticos del gobierno tampoco han producido los resultados anunciados. El caso más representativo es la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, presentada inicialmente como una estrategia para atraer inversiones, dinamizar la economía y generar recursos para fortalecer la salud, la educación y otros programas sociales. Sin embargo, el propio gobierno ha dejado de colocar este proyecto en el centro de su discurso y los principales servicios públicos continúan dependiendo, en gran medida, del creciente endeudamiento estatal. De hecho, la administración Bukele figura entre las que más ha incrementado la deuda pública en la historia reciente del país.
Mucho más que los tres gobiernos anteriores, la deuda pública total, incluyendo pensiones, pasó de $19,241 millones cuando Bukele asumió en junio de 2019 a cerca de $34,100 millones en febrero de 2026, equivalente a aproximadamente 92% del PIB (89.1% a noviembre de 2025, con crecimiento sostenido desde entonces). El FMI proyecta que podría llegar al 96% del PIB si continúan las políticas actuales. Es decir, Bukele puede mantener una relativa estabilidad económica principalmente a partir del endeudamiento con organismos financieros internacionales. Por otro lado, esa estabilidad también depende del flujo constante de remesas, el cual está estrechamente ligado al desempeño de la economía estadounidense.
Estas son las bases sobre las cuales el gobierno de Bukele se mantiene en pie. Pero esta misma situación constituye una bomba de tiempo y ayuda a explicar los cambios constitucionales que presentó en 2025. Bukele sabe que los próximos períodos serán económicamente más difíciles y que presentarse a elecciones cuando mantiene niveles de aprobación extraordinarios, sin precedentes en América Latina, le resultaba mucho más conveniente. Del mismo modo, extender el período presidencial de cinco a seis años le permite contar con un mayor margen para implementar los ajustes que organismos como el FMI vienen presionando para que se realicen.
Entre ellos se encuentran la reducción del empleo público. Miles de trabajadores del Estado han sido despedidos durante los últimos años; se han cerrado instituciones, desmantelado escuelas y eliminado organismos que brindaban atención en salud a las zonas más alejadas del país. También se han desmantelado clínicas municipales y se ha transformado el principal hospital nacional, el Hospital Rosales. Aunque el gobierno presenta el nuevo Hospital Rosales como un moderno centro hospitalario, en la práctica no cumple las mismas funciones que desempeñaba el antiguo hospital. Tras el despido de buena parte de su personal médico en diciembre, el nuevo complejo se resume, en gran medida, a un edificio moderno que no ofrece el mismo nivel de atención que el hospital anterior.
Poco a poco, lentamente, pero de manera constante, la clase trabajadora se enfrenta a una profunda contradicción. Mientras la familia Bukele amplía sus inversiones en tierras y haciendas para la producción de café, y grandes capitalistas invierten para apropiarse de recursos naturales como playas y bosques, la clase obrera se encuentra con hospitales desfinanciados, servicios de salud deteriorados, infraestructura urbana en malas condiciones, dificultades para acceder a una vivienda digna y la ausencia de programas públicos de vivienda.
Por el contrario, el Estado protege los negocios inmobiliarios de los grandes capitalistas. Un ejemplo reciente fue el caso de una de las residenciales más grandes construidas en El Salvador, que sufrió graves inundaciones durante las lluvias. Las familias trabajadoras que habían logrado adquirir una vivienda no recibieron respuestas efectivas, pese a las denuncias de que la empresa constructora no realizó los estudios de impacto ambiental correspondientes, situación que terminó afectando directamente sus hogares.
Casos como este no suelen ocupar los titulares de los periódicos ni formar parte de los discursos de la oposición tradicional. Son experiencias que la población vive en carne propia y que, poco a poco, van generando un creciente descontento, impulsando a sectores de la clase trabajadora a sacar conclusiones sobre el carácter del gobierno de Bukele como un gobierno al servicio de los capitalistas.
Al mismo tiempo, diferentes investigaciones periodísticas han señalado un presunto incremento del patrimonio de la familia Bukele desde que llegó al poder, así como de personas y grupos empresariales cercanos al entorno presidencial, quienes se habrían beneficiado de decisiones estatales y de cambios legislativos favorables a sus intereses.
Por otro lado, la juventud continúa enfrentando enormes dificultades para acceder a empleos de calidad. Muchos jóvenes tampoco pueden continuar sus estudios debido al elevado costo de la vida, un sistema de transporte público en condiciones críticas y la precarización de los servicios públicos. Miles de familias se ven afectadas diariamente por el tráfico, los bajos salarios, el incremento de los precios de la canasta básica y las constantes amenazas ambientales, como las lluvias o las sequías, que golpean directamente la economía familiar.
Es decir, El Salvador ha cambiado porque se ha convertido en un país mucho más seguro y ha dejado atrás, en buena medida, la violencia cotidiana ejercida por las pandillas. Sin embargo, ahora enfrenta otros problemas estructurales: el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de la vida, la falta de acceso a vivienda, educación y salud de calidad, así como una creciente precarización de las condiciones de vida. Estos problemas, lenta pero constantemente, irán generando un mayor descontento entre la clase trabajadora y aumentarán la presión para exigir cambios reales al gobierno.
¿Cuál es entonces la alternativa para quienes ya tenemos conciencia de estas contradicciones del sistema capitalista? La perspectiva de una aceleración de las contradicciones económicas del país está presente en el mediano y largo plazo. La situación internacional, cada vez más conflictiva; las guerras y tensiones internacionales, la posibilidad de una nueva crisis económica en Estados Unidos y el constante endurecimiento de las políticas contra la población migrante terminarán teniendo efectos sobre la economía salvadoreña. Serán la base sobre la cual el descontento puede pasar de tener un carácter aislado a convertirse en un fenómeno generalizado.
Sin embargo, esta situación merece una respuesta de todos los compañeros y de todos los jóvenes que hoy tenemos claridad sobre lo que ocurre y sentimos la urgencia de actuar frente al avance de la derecha en América Latina, frente a la creciente agresión imperialista de Estados Unidos en distintas regiones del mundo y ante un futuro cada vez más incierto para la juventud.
La respuesta es la formación política y la construcción de una organización capaz de proponer una alternativa al sistema capitalista.
Como hemos mencionado, el proceso mediante el cual la mayor parte de la población sacará conclusiones ya está en marcha. Es un proceso que avanza por debajo de la superficie, donde cada hecho aislado, no encontrar empleo, no poder pagar la universidad, no tener un futuro estable dentro de esta sociedad, va acumulando contradicciones que, tarde o temprano, terminarán conectándose con las inquietudes de miles de personas que se preguntan por qué las cosas son así.
Mientras todo esto sucede, la juventud más consciente debe estudiar. Así como un soldado de un ejército burgués estudia constantemente la guerra, la juventud revolucionaria debe estudiar permanentemente la experiencia de la clase trabajadora en los procesos revolucionarios. ¿Cómo ocurrió esta o aquella revolución? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles eran las condiciones antes de que estallara? ¿Es posible que El Salvador viva una nueva revolución? ¿Y qué se necesita para que esa revolución triunfe definitivamente?
Mientras ese proceso de toma de conciencia avanza, lento pero seguro, la juventud debe prepararse y construir una herramienta que, para los marxistas, constituye la respuesta a una de las principales razones por las que muchas revoluciones han fracasado. Se necesita un ejército de cuadros revolucionarios que tenga, en primer lugar, un programa y, en segundo lugar, la claridad política necesaria para acompañar a las masas hacia la toma del poder.
Solo de esa manera será posible construir no un gobierno diferente dentro del sistema capitalista, sino un gobierno de la clase trabajadora que expropie a los grandes capitalistas, distribuya la riqueza social y utilice esos recursos para elevar las condiciones de vida de la población, desarrollar la tecnología al servicio de la sociedad y resolver problemas fundamentales como la salud, la educación y la vivienda que hoy afectan tanto al pueblo salvadoreño como a millones de personas en el mundo.
Esa es la única salida. Y por eso existe El Comunista. Por eso existe la organización Revolución Comunista en El Salvador. Y por eso Revolución Comunista forma parte de la Internacional Comunista Revolucionaria, que en todos los países insiste en la necesidad urgente de construir organización y luchar por una alternativa al capitalismo.
La juventud de hoy solo tiene dos caminos: agachar la cabeza frente al progresivo deterioro de la sociedad capitalista o, con la frente en alto, empuñar las ideas del marxismo para construir la herramienta revolucionaria que permita acabar con un sistema que durante siglos ha sometido a la humanidad y abrir paso a una sociedad verdaderamente humana.
Ese es el reto. Esa es la invitación que hacemos desde Revolución Comunista y desde la Internacional Comunista Revolucionaria.
Únete hoy a los marxistas y lucha por construir la organización que necesita la futura revolución salvadoreña.
