Publicamos a continuación la declaración política de los compañeras y compañeros de El Porteño. Saludamos los debates que están llevando a cabo no solo al interior del Grupo 1ero de Mayo sino además con la Corriente Sindical Obrera.
Consideramos que sigue siendo un desafió para la izquierda en Chile dar una respuesta a la necesidad de articular el interés de la clase trabajadora de protegerse ante la pandemia a la vez que impulsa y da forma a organismos de autoorganización y lucha. En otras palabras, como potenciar los organismos de autoorganizacion en el marco del covid19 y la necesidad de protegerse del contagio masivo que implicaría un golpe y un retroceso en la lucha.
Así mismo consideramos que la clase trabajadora en Chile ha demostrado desde octubre hasta hoy estar en pie de lucha, y ser una clase que esta dándolo todo por cambiar las cosas, pero choca con sus direcciones reformistas y con las circunstancias que ha impuesto la pandemia. Es tarea de los revolucionarios disputar esa dirección a través de la táctica del frente único.
Adelante camaradas del El Porteño.
Piñera ha respondido al estallido de protestas contra el hambre en todo el país con bombas lacrimógenas, guanacos y detenciones masivas. No puede hacer otra cosa. Con el aliento de las leyes antibarricadas y antisaqueos recientemente promulgadas y aprobadas en conjunto con la “oposición» (inclusive la mayor parte del Frente Amplio) se están aplicando para reprimir e intimidar a una población devastada por la pandemia de coronavirus que bate nuevos récords en el país y en el continente.
Hoy 23 de mayo, hay 65.393 infecciones confirmadas de coronavirus en Chile y 673 muertes. Esta última semana se ha estabilizado una cantidad superior a los 3500 contagiados diarios y más de 40 fallecidos también diariamente, lo que permite proyectar a corto plazo centenares de muertos por día.
Como en toda América Latina y a nivel internacional, estas cifras están subestimadas de la magnitud de la propagación y el número de víctimas reales y son la confirmación material de que el inicial rechazo a toda forma de cuarentena general, esgrimiendo como argumento la protección de la economía, constituyó una política criminal y genocida.
Recién este mes Piñera anunció un paquete de emergencia para ayudar a los 4,9 millones de trabajadores del sector informal que últimamente se han manifestado contra el hambre. El Ingreso Familiar de Emergencia entrega un miserable pago máximo de $65.000 pesos por cada miembro con un máximo de 500.000 pesos por grupo familiar por mes hasta por tres meses. El gobierno, mientras tanto, se ha jactado de que en un período de 24 horas, Carabineros ha detenido a 2.026 personas en todo el país, principalmente por violar cuarentenas y toques de queda, mientras que 1.088 fueron arrestados por violar el artículo 318 del Código Penal, poniendo en peligro la salud pública.
El 18 de mayo fueron detenidos 37 manifestantes de la comuna El Bosque del Gran Santiago. Quince de ellos enfrentan serios cargos por disturbios contra el hambre y la falta de provisiones después de no recibir ninguna ayuda financiera del Estado, a pesar de estar bajo encierro desde mediados de abril debido a la pandemia.
El subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, presentó querellas contra 10 de ellos en virtud de la ley “anti saqueos” por robar cilindros de gas de una empresa distribuidora desatendida. Tres fueron acusados bajo la ley “anti barricadas” por obstruir una vía pública. Dos fueron acusados de llevar presuntamente dispositivos incendiarios para hacer cócteles molotov. Todos fueron acusados de violar la cuarentena y el artículo 318 por poner “la salud de la población en riesgo”.
Los políticos de la UDI han intentado ir más allá, con la diputada María José Hoffmann acusando a los manifestantes de albergar a los narcotraficantes en su entorno y pidiendo a los carabineros que “hagan su parte”, mientras que el alcalde de la UDI, Rodolfo Carter, en el programa Mucho Gusto dejó escapar un llamamiento a la “represión” y a que se les “dispare” a los manifestantes.
Algunos sectores de la ultraderecha pretendían afirmar que las protestas se debían a una “acción política premeditada” llevada a cabo por la izquierda chilena, ante lo que el presidente del Partido Comunista y Diputado, Guillermo Teillier, respondió con sinceridad: “Es muy grave porque nosotros no hicimos nada. Si la realidad es la realidad. La realidad es que la gente está protestando. ¿Qué podemos hacer nosotros?” Teillier entonces rogó al gobierno que trabajara constructivamente con su partido.
¿Qué provocó los disturbios?
Esta es la realidad: el lunes 18 de mayo, 10.000 efectivos militares cerraron la Región Metropolitana y sus 7 millones de habitantes. Millones de familias esperaban que el anuncio de las cajas de alimentos ofrecidos por el Gobierno llegaran efectivamente, pero todo esto era un engaño. En este contexto cientos de residentes de la comuna de El Bosque, en la provincia de Santiago, se amotinaron después de que Carabineros reprimiera una protesta anterior de adultos mayores que pedían ayuda financiera, asistencia para el pago de servicios públicos y apoyo básico. “Lo de hoy fue causado en gran parte por la represión que fue ejercida en contra de los adultos mayores, que estaban haciendo las protestas en la mañana y eso desembocó en el enojo de los jóvenes que salieron a defender a sus abuelos y sus papás”, dijo a El Desconcierto Héctor Pérez, residente de El Bosque.
A medida que se transmitía la noticia de la violenta represión a través de los medios de comunicación social, las manifestaciones se ampliaron a otras comunas obreras de la capital, extendiéndose a San Antonio, Antofagasta, Arica, Concepción y Valparaíso. Las cacerolas volvieron a agitar el toque de queda y el ambiente hizo recordar las luchas poblacionales contra la Dictadura.
El miércoles 20, los residentes de Villa San Francisco de la comuna de La Pintana hicieron barricadas y cortaron el tráfico para protestar por las mismas privaciones sociales. Un poblador de La Pintana explicó a Teletrece “Somos nosotros los que movemos el país. Nosotros somos los que levantamos las empresas porque sin trabajadores las empresas no existirían. Muchos de mis vecinos están con sus contratos suspendidos sin goce de sueldo… no podemos hacer una cuarentena como lo hace el sector oriente porque ellos pueden encerrase. Tienen sus refrigeradores llenos. Nosotros no. Nosotros vivimos de día a día”.
Como en muchas otras partes de la capital, sectores de La Pintana y El Bosque son campamentos que subsisten en extrema pobreza y hacinamiento en medio de condominios y apartamentos aburguesados. La comuna de El Bosque sufre una pobreza multidimensional que casi duplica el promedio nacional; el hacinamiento afecta al 18 por ciento de los hogares y la pobreza de ingresos es la más alta de la Región Metropolitana, con un 14,5 por ciento.
Hoy en día hay 882 campamentos que albergan a decenas de miles de familias en condiciones de miseria y hacinamiento. El 75 por ciento de los campamentos tiene un acceso deficiente a la electricidad, sólo el 10 por ciento tiene acceso regular al agua potable y el 81 por ciento tiene un acceso deficiente a los servicios de alcantarillado. Los asentamientos ilegales han ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008 y tanto bajo Bachelet como bajo Piñera. En 2007, 28.578 familias vivían en campamentos. En 2016 el número de familias había aumentado a 38.570, y en 2019 casi se había duplicado a 46.423, una fracción significativa de las cuales son inmigrantes que no reciben ninguna ayuda estatal en condiciones de desaceleración económica.
Eso fue antes de la pandemia. El Mostrador, a principios de este mes reveló que 16 de las comunas de clase trabajadora más pobres de la Región Metropolitana tenían entre las mayores cifras de infecciones por coronavirus con una tasa de crecimiento de más del 40 por ciento. Las infecciones se están duplicando cada dos días y los hospitales, que funcionan con una ocupación del 90 por ciento, están saturados, sin suficientes recursos, camas o personal.
Hace sólo dos semanas, un incendio arrasó un campamento situado en La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, que destruyó 24 casas y dejó a 100 familias en la más absoluta indigencia. Al igual que los demás barrios obreros que resistieron a la dictadura militar, La Pincoya ha sufrido una desproporcionada incidencia de la violencia policial y el abandono estatal.
Una carta abierta presentada a los medios de comunicación social por pobladores de La Pincoya explicaba que desde la masiva explosión social del pasado octubre, “hemos debido afrontar graves y sistemáticas violaciones a nuestros Derechos Humanos por parte de agentes del Estado (Ejército, Carabineros y la PDI) solo por el hecho de manifestarnos y luchar por un futuro mejor para nuestra comunidad y nuestras familias”.
La carta denuncia la represión del Estado, los grandes conglomerados mediáticos por calumniar deliberadamente a la comunidad como delincuentes y narcotraficantes y las organizaciones de derechos humanos por abandonar su difícil situación.
Olla común en Chile durante la década de 1980
En los últimos seis meses, la comunidad se ha enfrentado a la policía y los militares, que han lanzado gases lacrimógenos y disparado con perdigones a manifestantes, transeúntes y niños. Las zonas comunales han sido rociadas con gas pimienta para evitar que la gente se congregue. Se han hecho incursiones en hogares a punta de pistola en busca de manifestantes, mientras que los detenidos han sido golpeados y arrojados en lugares remotos. Se ha disparado intencionadamente botes de gas lacrimógeno contra los tejados, provocando incendios. Drones y helicópteros se han cernido sobre la comuna. Las escuelas y liceos han sido objeto de gases lacrimógenos; los niños y adolescentes han sido acosados. Incluso el centro de salud local de atención primaria ha sido repetidamente víctima de gases lacrimógenos mientras atendía emergencias médicas y de salud pública.
La carta concluye: “Abandonados por el Estado, el municipio y la institucionalidad en general, los pobladores y pobladoras de La Pincoya resistiremos y seguiremos en las calles peleando por nuestros derechos… ¡Ni sus balas ni su represión podrán acallar la voz del pueblo! ¡Seguiremos resistiendo!”
Se han formado asambleas comunales en La Pincoya para oponerse a esta represión estatal. Estas asambleas sociales y políticas populares también se han establecido en muchas otras comunidades de la clase trabajadora.
La crisis económica, agravada por la crisis sanitaria y la falta total de asistencia sustantiva a millones de personas, ha dado lugar de hecho a muchas iniciativas de la clase trabajadora a un nivel no visto desde el período revolucionario de 1968 a 1973, en continuidad con el levantamiento popular iniciado el 18 de octubre pasado.
Ollas comunes surgen en todo el país a medida que los trabajadores se reúnen para comprar, distribuir y empaquetar canastas de alimentos para hacer frente al crecimiento exponencial de la necesidad y la miseria. Se contratan colectivamente camiones para recoger y distribuir raciones a las mujeres que participan en la producción de alimentos que luego se distribuyen a los pobres, los ancianos, los débiles y los enfermos.
El Desconcierto entrevistó a otra residente de El Bosque, Patricia Coñoman, que vive con otras nueve personas en un solo apartamento. Ella dijo: “Acá el derecho a la salud es una risa, el derecho a la vivienda igual y ahora el derecho a comer. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.
“La gente ahora volvió a prender fuego para cocinar, en la feria están vendiendo un cuarto de aceite en botellas plásticas y en los negocios la gente compra bolsitas de té individuales. Es como estar retrocediendo en el tiempo, algo que jamás pensé que iba a volver a vivir. Es como los años 80, porque no solamente es el hambre sino también la represión”.
¿Qué hacer?
Pues bien, la clase obrera y los explotados ya han tomado la iniciativa. Esta feroz ofensiva represiva ha sido precedida por un ataque sin precedentes a la clase trabajadora. La ley de Suspensión de la Relación laboral, en la práctica ha servido como un instrumento de impunidad para los patrones, quienes ven cómo pueden despedir a cero costo, amparándose en la expectativa que en 6 meses más podría reanudarse la relación laboral. Sólo en la masa trabajadora cuyas relaciones están formalizadas, 800.000 trabajadores han sido mandados a la casa con el pago de un seguro a costa de su propio sueldo: con las manos vacías. Esta explosión de cesantía en los sectores estructurales de la clase obrera se ha hecho extensiva al 40% de trabajadores en la informalidad, que viven día a día quienes cayeron directamente al hambre.
No hay antecedente histórico, desde la crisis del salitre en 1914, de un golpe tan feroz a la clase trabajadora y tampoco una demostración tan palmaria de la completa quiebra del orden capitalista. Frente a esta crisis los políticos burgueses y los reformistas patronales, gobiernistas y opositores, han reducido su discurso a apelar al barato humanitarismo burgués. Pretenden que «de esta crisis saldremos unidos», «que debemos cuidarnos entre todos», como si la crisis económica y la pandemia afectara a explotados y explotadores por igual. Este ridículo discurso humanitario pretende caracterizar la crisis que atraviesa nuestra sociedad como un «problema país». Hace menos de una semana el alcalde porteño Jorge Sharp llamaba a abandonar la política de trinchera y a actuar con sentido unitario y de urgencia nacional. En una sola idea: la burguesía -ni el reformismo y su Estado de Bienestar- no tiene ninguna respuesta a la crisis, distinta de la represión y el hambre, porque esta es la única manera de preservar la gran propiedad de los medios de producción.
Hoy debemos organizarnos para imponer un plan de lucha que se haga cargo integralmente de la crisis que vivimos. La burguesía, su régimen, el Gobierno de Piñera y la oposición parlamentaria están cuadrados con una política criminal que pretende descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. La respuesta, la única posible, viene de la voz de la clase trabajadora y aquella nos indica que las ollas comunes, los comités de cesantes, los sindicatos de base, las asambleas populares deben fortalecerse como genuinos espacios de lucha para resolver esta crisis. En este contexto, la recuperación de todas las organizaciones de trabajadores para las bases, resulta fundamental. Requerimos toda la unidad, toda la disciplina y toda la disposición al combate para ello debemos expulsar a la burocracia sindical de nuestras organizaciones y darles una conducción clasista.
En este contexto, el acercamiento entre el Grupo 1º de Mayo y la Corriente Sindical Obrera, resultan ser parte de este proceso que se articula ya a nivel nacional. Toda huelga, legal o ilegal, todo reclamo de puestos de trabajo, de defensa del salario, de acceso de emergencia al alimento, debe ser puesto en la perspectiva de la lucha en contra de Piñera y de sus planes antiobreros. Nuestro movimiento aún es incipiente porque la clase penosamente aún se pone de pie luego de los golpes proferidos por la patronal. Pero nos pondremos de pie y volveremos a ganar las calles, este es nuestro camino y aquella unidad sería forjada a martillazos entre huelgas, barricadas y ollas comunes. Hay salida a la crisis y ella comienza con esta rebelión del hambre. Fuera Piñera y su Gobierno de hambre, a acabar con la pandemia y el capitalismo!!!
