Por: Alejandro Koa
El régimen de excepción muta su estrategia: del encierro masivo al control social y al chantaje judicial contra la clase trabajadora.
El GOES propone la liberación condicional del 50 % de un subgrupo de “colaboradores casuales”: El Ejecutivo acumuló más de 93,000 detenidos bajo el régimen de excepción, cifras que chocan contra los límites financieros y el costo de manutención en el CECOT, un costo insostenible para una economía precarizada y dolarizada.
La acumulación y el beneficio
El presidente Bukele se ha pronunciado dos veces (13 de octubre y 17 de octubre) sobre la propuesta de liberación condicional. El subgrupo al que el mandatario se refiere es de 10,629 personas catalogadas como “colaboradores casuales, momentáneos o por especial necesidad”. Este sector conforma las filas del lumpenproletariado urbano que, ante la ausencia absoluta del Estado burgués, se vio sometido a la coerción de las pandillas para garantizar su subsistencia diaria. Desde hacer un “mandado” hasta vigilar la entrada de un pasaje, esta cooperación no era voluntaria; más bien, se convirtió en una táctica de supervivencia del proletariado para proteger su vida. Al obligar a este nicho a integrarse al plan estatal “Cero Ocio”, el beneficio se despoja de su carácter humanitario. Este plan “beneficiará” a unas 5,314 personas, quienes encarnan la transición perfecta del encierro improductivo a la utilidad económica, convirtiéndose en mano de obra dócil para el abaratamiento de la infraestructura del Estado.
Bukele no anunció esta propuesta ante una cumbre humanitaria, sino frente al capital extranjero, en un evento de inversión energética con la transnacional española Cox. Aquí se revela la verdadera esencia del Estado burgués, el cual prioriza las garantías de rentabilidad para las corporaciones por encima de las discusiones sobre derechos civiles. Bukele se ha dado cuenta de que el encierro masivo representa un gasto biológico e infraestructural que succiona los ingresos del Estado; es decir, mantener una fuerza de trabajo inactiva absorbe recursos que provienen de la plusvalía extraída al sector productivo real. Por lo tanto, para ofrecer un entorno fiscalmente atractivo y garantizar la solvencia del Estado ante la inversión extranjera, el régimen se ve obligado a reajustar su carga financiera y transferir los costos de la crisis al gasto social.
Extracción de valor sin salario e impacto en el mercado laboral
El régimen quiere utilizar el “Plan Cero Ocio” como un mecanismo de sobreexplotación para que los reos en fase de confianza trabajen gratis para el Estado en obras públicas (reparación de escuelas, hospitales, limpieza, etc.). Desde una perspectiva marxista, esto representa la extracción de plustrabajo mediante coerción extraeconómica: el Estado confisca el salario del recluso, pero absorbe su jornada laboral para abaratar los costos de la infraestructura logística y social que el gran capital necesita para su operación. Sin embargo, las consecuencias materiales de este dispositivo traspasan los muros penales y golpean a los trabajadores que están libres en las calles; al inundar el sector de la construcción y los servicios con miles de trabajadores semiesclavos despojados de derechos sindicales o contratos colectivos, el Ejecutivo altera la dinámica de la fuerza de trabajo industrial de reserva. El obrero salvadoreño desempleado ya no compite únicamente con otros desempleados que están libres; también compite contra estos individuos sin goce de sueldo que el aparato estatal utiliza bajo la amenaza permanente de reingreso al confinamiento, un mecanismo de chantaje burgués que destruye puestos de trabajo formales y presiona a la baja los salarios.
Esto revela cómo existe una transferencia directa de riqueza social hacia la burguesía. El Estado asume el rol de costear la reproducción biológica del recluso (alimentación y encierro) mediante el presupuesto nacional y los impuestos al consumo que paga la misma clase trabajadora (como el IVA), mientras que las empresas privadas se liberan de pagar salarios reales por la creación y el mantenimiento de la infraestructura nacional. Los proyectos como carreteras, turismo y redes logísticas necesarias para la circulación del capital son subsidiados con el sudor gratuito de la mano de obra de los reclusos.
El “Plan Cero Ocio” opera mediante una lógica multidimensional en la que convergen diversos objetivos previos a su desenlace material: el programa busca proyectar la reinserción social de los reos, asegurar la aprobación política internacional y fortalecer la legitimidad interna del gobierno. Una vez cumplidas estas metas políticas, el dispositivo revela su resultado final como un estabilizador económico del capitalismo dependiente salvadoreño: convierte el gasto carcelario en capital constante gratuito, permitiendo a las corporaciones transnacionales incrementar sus tasas de ganancia a costa de la desvalorización absoluta de la fuerza de trabajo, tanto dentro como fuera de las prisiones.
La socialización de la culpa y la simulación jurídica
La propaganda del Ejecutivo adorna el plan de liberación condicional como una “depuración transparente”. Sin embargo, la realidad material de los tribunales destruye por completo esta lógica. El Órgano Judicial inició en 2026 una dinámica de juicios masivos, macroprocesos en los que la Fiscalía General de la República impone una lógica de responsabilidad colectiva. Esto anula activamente el principio burgués de la individualización de la prueba y de la pena. La indefensión del proletariado es absoluta: un solo defensor público representa simultáneamente a más de 300 imputados en audiencias colectivas y bajo reserva total.
Al despojar al obrero de su identidad jurídica y procesarlo en masa, el Estado no necesita demostrar la culpabilidad individual para sellar las sentencias de 30 a 60 años de cárcel; al aparato judicial le basta con la palabra de un “testigo oculto”. Por lo tanto, la propuesta de Bukele condena de antemano el derecho a la presunción de inocencia y busca perpetuar el estatus legal de “culpables” sobre miles de trabajadores. De esta forma, el chantaje judicial se perfecciona: para salir del encierro masivo, el obrero debe declararse culpable y someterse al control social del Estado a través del trabajo gratuito.
Detrás de este chantaje subyace un cálculo de optimización fiscal y blindaje patrimonial para el Estado capitalista. Al forzar a los internos a aceptar una culpabilidad condicionada a cambio de su liberación, el Ejecutivo anula de golpe cualquier posibilidad futura de que las víctimas exijan responsabilidades civiles, indemnizaciones, reparación económica o restitución de daños por los años de confinamiento arbitrario y tortura institucional. El régimen no solo se ahorraría el costo de mantenimiento biológico en el CECOT y extraería plustrabajo mediante el trabajo forzado, sino que además sepultaría el pasivo financiero que significa indemnizar a miles de familias obreras falsamente acusadas, consolidando un despojo absoluto donde el trabajador paga con su cuerpo, su libertad y su bolsillo los costos de la crisis social.
El destino de los liberados: estigma y marginalidad económica
Las consecuencias materiales del dispositivo punitivo no expiran con la excarcelación condicionada; por el contrario, mutan en una opresión permanente en el tejido social. Al mantener un estatus legal de culpabilidad, el Estado condena al trabajador a una muerte civil donde la reinserción social es una imposibilidad material. El obrero regresa a su comunidad portando el estigma indeleble de un registro judicial activo. Esto convierte la búsqueda de un empleo formal en un muro infranqueable debido al perfilamiento social, los estereotipos por rasgos físicos y la discriminación de clase hacia quienes provienen de barrios empobrecidos.
Bajo este esquema de libertad vigilada, el exrecluso queda atrapado en un limbo de precarización de las condiciones de vida. El chequeo policial constante y el acoso de las fuerzas de seguridad del Estado actúan como marcaje territorial en las colonias populares. Al ser rechazadas por el mercado laboral formal debido a sus antecedentes y tener su salud deteriorada tras el encierro, estas personas ven destruido su nivel económico básico. El régimen cierra así su círculo perfecto: la exclusión económica y social produce la asfixia material necesaria para que miles de liberados no tengan más alternativa de subsistencia que subordinarse al chantaje de los planes de trabajo gratuito del Estado.
La alternativa obrera frente al chantaje estatal
El giro político y de optimización fiscal del Ejecutivo demuestra que el populismo punitivo es, en última instancia, una herramienta económica de la clase dominante para disciplinar el mercado laboral. La supuesta clemencia carcelaria es un fraude que no busca restituir la justicia, sino institucionalizar el chantaje laboral. El proletariado salvadoreño no puede depositar su confianza en comisiones extralegales dirigidas de forma autocrática desde CAPRES, ni en un sistema judicial que legitima condenas colectivas mediante simulación procesal.
La única alternativa revolucionaria frente a este dispositivo de explotación radica en la movilización independiente de la clase trabajadora. Exigimos el cese inmediato del régimen de excepción, la anulación total de los macroprocesos masivos y la libertad incondicional de todos los presos inocentes del Estado burgués. La seguridad y la reconstrucción de los barrios populares no vendrán de las botas de militares, sino de la organización democrática de comités de obreros y vecinales para la autodefensa comunitaria. Para arrancar de raíz la delincuencia y la descomposición social, es imperativo expropiar los grandes medios de producción, la banca y los monopolios bajo control obrero, planificando la economía para garantizar empleo digno, salarios reales, educación pública y vivienda para todos.
Contra el chantaje judicial y los juicios masivos del Estado policial salvadoreño. Ni encierro masivo para el obrero ni mano de obra gratuita para el capital transnacional. ¡Comparte y organízate!.
Si estás de acuerdo con este análisis, compartes nuestras ideas y quieres luchar activamente contra la decadencia del sistema capitalista y sus laboratorios de control autoritario, ¡no te quedes de brazos cruzados! Contáctanos y súmate a construir las filas de la Internacional Comunista Revolucionaria y Revolución Comunista de El Salvador.
Referencias bibliográficas (notas de trabajo interno)
Referencia 1: Sobre los juicios masivos automáticos y la nulidad de la defensa.
Cita: The New York Times (7 de octubre de 2026). “Mass Trials Put Hundreds in One Dock in El Salvador”.
Detalla cómo las reformas judiciales del régimen permiten juzgar hasta a 900 personas simultáneamente, consolidando una “simulación de justicia” y una presunción generalizada de culpabilidad que bloquea la absolución individual. [1]
Referencia 2: Sobre el colapso financiero del sistema carcelario salvadoreño.
Cita: Expediente Público (7 de abril de 2025). “Qué gana y pierde El Salvador como mega cárcel de migrantes y criminales de EE. UU.”.
Revela que el mantenimiento general de la infraestructura penitenciaria (con más de 109,000 reos) consume un presupuesto aproximado de 150 millones de dólares anuales, forzando al régimen a buscar convenios monetarios extranjeros o mano de obra forzada para aliviar la carga fiscal. [1, 2]
Referencia 3: Sobre la opacidad de los fondos carcelarios y las transferencias de costos.
Cita: Diario El Mundo / reportes de la Dirección General de Centros Penales.
Expone que el Estado modificó las líneas presupuestarias de “Reclusión y Rehabilitación” hasta elevar el gasto a cerca de 200 millones de dólares anuales, implementando mecanismos donde se obliga a los familiares a pagar cuotas de manutención básica para transferir el costo del Estado a las familias obreras. [1, 2, 3]
Referencia 4: Sobre el uso político del chantaje judicial ante la CIDH.
Cita: Diario El Mundo (26 de octubre de 2026). “Estado salvadoreño no acudió a audiencia de la CIDH sobre situación de privados de libertad en régimen de excepción”.
Registra las denuncias de Cristosal sobre el uso de la figura de flagrancia fraudulenta y cómo las comisiones de Casa Presidencial buscan evadir las demandas por crímenes de lesa humanidad e indemnizaciones civiles ante organismos internacionales.
