Mientras los principales líderes de las potencias imperialistas, desde Biden hasta Scholz, Macron y muchos otros, han derramado lágrimas de cocodrilo sobre el «excesivo número de civiles muertos» en Gaza, en la práctica todos ellos han estado colaborando con el gobierno israelí. No sólo con ayuda militar, sino también estrangulando económica y socialmente al pueblo palestino, contribuyendo a crear las condiciones materiales sobre las que no es posible una administración propia palestina viable. Colaboran abiertamente con Netanyahu mientras él y sus amigos sionistas de extrema derecha intentan destruir lo poco que queda de territorio palestino.
Más allá de la campaña militar genocida en Gaza y la constante expansión de los asentamientos en Cisjordania, hay otra guerra en curso en el frente económico. Esta ha incluido el recorte de fondos a las agencias de ayuda de la ONU, la retención de ingresos fiscales a la Autoridad Palestina y la expulsión de trabajadores palestinos de los puestos de trabajo que tenían en Israel antes del 7 de octubre.
Recordemos las condiciones sociales y económicas reales tanto en Gaza como en Cisjordania antes del ataque del 7 de octubre. El desempleo neto en los Territorios Palestinos, Gaza y Cisjordania ya estaba alrededor de 25%, aunque la situación en Gaza era mucho peor.
Un informe de Oxfam de 2009, «La Franja de Gaza: Una implosión humanitaria», explicaba que ya hace 15 años: «La situación de 1,5 millones de palestinos en la Franja de Gaza [ahora son 2,3 millones] es peor ahora que nunca desde el comienzo de la ocupación militar israelí en 1967. La situación actual en Gaza es artificial, completamente evitable… La gravedad de la situación ha aumentado exponencialmente desde que Israel impuso restricciones extremas a la circulación de bienes y personas en respuesta a la toma de Gaza por Hamás…» [Énfasis añadido].
El desempleo en Gaza era del 40%, pero aumentaba constantemente hacia el 50%. Los niveles de pobreza en Gaza habían aumentado masivamente, y el 80% de las familias dependían de la ayuda humanitaria. Solo este hecho demuestra lo crucial que es la ayuda, como la que proporcionan organismos como la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo).
En 2009, la imposición de un estricto bloqueo económico por parte de Israel había paralizado prácticamente toda la economía productiva de Gaza . La industria casi había dejado de existir; la agricultura estaba en crisis; y los miles de trabajadores que antes cruzaban a Israel para trabajar ya no tenían empleo.
El informe habla de «una población prisionera». En estas condiciones, el director de la UNRWA señaló que «las comunidades hambrientas, insalubres y enfadadas no son buenos socios para la paz». Esto, por supuesto, cayó en oídos sordos en el gobierno israelí.
Bloqueo económico de Gaza
Estas eran las condiciones impuestas a la población de Gaza mucho antes del ataque del 7 de octubre. La razón oficial de esta brutal política fue el crecimiento de Hamas que se convirtió en el primer partido en las elecciones de 2006 y la consolidación de su posición un año después mediante la toma armada de la Franja de Gaza.
Los éxitos electorales de Hamás se debieron a la desilusión generalizada entre la población palestina hacia Fatah y la OLP que habían estado gobernando tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Esto se debió a la corrupción rampante y a su colaboración de facto con las fuerzas de seguridad israelíes para vigilar al pueblo palestino, en lugar de protegerlo.
Así, el bloqueo económico de Gaza fue un medio para castigar a la población por atreverse a apoyar a una fuerza que no era del agrado de las autoridades israelíes. El mensaje era claro: si no votáis a los dirigentes palestinos que colaboran con Israel, os estrangulamos económicamente y os bombardearemos cuando sintamos la necesidad.
Esta era la situación en Gaza tal y como la describía en un informe de la UNRWA de agosto de 2023:
«La economía y su capacidad para crear puestos de trabajo han sido devastadas, lo que ha provocado el empobrecimiento y el subdesarrollo de una sociedad altamente cualificada y bien educada. El acceso al agua potable y a la electricidad sigue estando en un nivel de crisis y afecta a casi todos los aspectos de la vida. El 95% de la población no dispone de agua limpia. La electricidad está disponible hasta una media de 11 horas al día a partir de julio de 2023. Sin embargo, la continua escasez de electricidad ha afectado gravemente a la disponibilidad de servicios esenciales, en particular los servicios de salud, agua y saneamiento, y sigue socavando la frágil economía de Gaza, en particular los sectores manufacturero y agrícola.»
Aunque la situación en Cisjordania no era tan grave como la de Gaza, en 2021 el desempleo había alcanzado el 25% y el desempleo juvenil el 40%, y cerca del 20% vivía por debajo del umbral de pobreza. Cisjordania dependía en gran medida de los empleos dentro de Israel, con cerca del 23% de la población activa empleada en Israel o en asentamientos israelíes en Cisjordania.
Las grandes potencias recortan la financiación
Ahora el proceso de estrangulamiento está alcanzando nuevas cotas. La entrega de ayuda a Gaza se está haciendo cada vez más difícil, sino imposible, Israel limita el número de camiones autorizados a entrar y se niega a garantizar un paso seguro para las entregas de ayuda.
Antes de octubre del año pasado, entraban a Gaza una media de 500 camiones de suministros al día. En enero, sólo entraron 140. Ahora la cifra se ha reducido a 60. En una situación en la que se han agotado todas las reservas, el hambre ha proliferado, especialmente en el norte. La gente bebe agua sucia y come todo lo que caiga en sus manos, incluyendo alimento para animales.
Israel también va por la financiación de las agencias de ayuda. Netanyahu se ha aferrado al hecho de que, según un dossier de los servicios de inteligencia israelíes, una docena de personas empleadas por la UNRWA en la Franja de Gaza (frente a un total de 13.000) participaron en el ataque del 7 de octubre en alguna capacidad. El Washington Post ha investigado estas acusaciones, pero no ha podido verificarlas de forma independiente. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha señalado que Israel no ha aportado ninguna prueba de sus acusaciones. Aun así, Israel las utiliza como palanca para torcer el brazo a sus aliados imperialistas.
Los medios de comunicación occidentales han presentado estas acusaciones como un hecho y Estados Unidos, seguido inmediatamente por el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Australia, han suspendido la financiación de la agencia, sin tener en cuenta las consecuencias humanitarias por las que todos parecían estar «muy preocupados» apenas unos minutos antes. Otros siguieron su ejemplo, y la lista completa de países más de la mitad del presupuesto de ayuda de la UNWRA. Y esto a pesar de que, cuando se presentaron estas acusaciones ante las Naciones Unidas, las personas incluidas en la lista -algunas de las cuales están muertas- fueron rápidamente destituidas y se inició una investigación.
Comparemos la rapidez con la que los imperialistas recortaron la ayuda desesperadamente necesaria para los palestinos de Gaza, con su continua ayuda militar a Israel mientras destruye todo lo que hace posible la vida en la Franja. Biden está impulsando un proyecto de ley para aumentar la ayuda a Israel, la mayor parte de ella para fines militares y sólo una pequeña fracción para «ayuda humanitaria», con la condición específica de que ninguna vaya a la UNRWA. El contraste es evidente.
Más de dos millones de personas en Gaza dependen actualmente de la UNRWA «para su mera supervivencia», como ha declarado Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia. En enero, cerca de 1,4 millones de refugiados gazatíes se refugiaban en 155 estructuras de la UNRWA, y otros 500.000 recibían sus servicios. Johann Soufi, abogado y ex director de la oficina jurídica de la agencia en Gaza, declaró a Agence-France Presse que la sanción a la UNRWA, por la supuesta responsabilidad de unos pocos empleados, equivale a castigar colectivamente a la población de Gaza.
Desde hace tiempo, la UNRWA es objeto de amenazas y recortes en su financiación. Ya en agosto de 2018, el entonces presidente estadounidense Trump anunció que EEUU suspendería unilateralmente su contribución. Lo cierto es que el gobierno israelí lleva muchos años intentando que se recorte la financiación de la UNRWA. Los gobiernos israelíes se han opuesto especialmente a la agencia porque aseguran que su definición de «refugiado» palestino, que engloba a 5,9 millones de personas, es demasiado amplia y, por tanto, alimenta la esperanza de que algún día puedan regresar a su tierra natal.
El problema para los sionistas es el cambiante equilibrio demográfico entre palestinos y judíos que viven en la Palestina histórica, es decir, Israel, Gaza y Cisjordania. En esta zona hay ahora 7,4 millones de palestinos frente a 7,2 millones de judíos israelíes. Esto incluye a los palestinos que son ciudadanos de Israel -ciudadanos de segunda clase con menos derechos- que suman cerca de dos millones de la población total de 9,3 millones. La tasa de natalidad entre las mujeres palestinas es de aproximadamente 4 hijos, frente a los 3 de las mujeres israelíes.
A este ritmo, la población palestina total que vive en la Palestina histórica seguirá creciendo en relación con la población judía. Esto explica también la posición de los sionistas extremistas, que quieren que los palestinos que viven en Israel sean expulsados junto con los que viven en Gaza y Cisjordania, y que se intensifique la emigración de judíos de otros países, junto con el programa de colonos.
Según las estimaciones demográficas elaboradas por PCBS, a mediados de 2022 había «unos 14,3 millones de palestinos en el mundo». De ellos, unos tres millones se encuentran en Jordania, tres cuartas partes de los cuales han obtenido la ciudadanía jordana. Alrededor de medio millón viven en Siria; 400.000 en Líbano, oficialmente como refugiados; y unos 250.000 en Arabia Saudí. Esto significa que entre 11 y 12 millones de palestinos viven en la región, el resto ha emigrado a Europa, América y otras partes del mundo.
Los sionistas quieren que se conceda a un número significativo de refugiados la plena ciudadanía en los países donde residen actualmente, de modo que con el tiempo puedan ser absorbidos e integrados, perdiendo así su condición de refugiados y acabando con toda esperanza de regresar a su patria histórica. El hecho de que los ciudadanos jordanos de origen palestino se supone que tienen que adoptar una identidad jordana es un indicio de lo que a los sionistas les gustaría ver en toda la región, es decir, una eliminación de facto de la identidad nacional palestina. Todo esto explica por qué el gobierno israelí quiere ver el fin de la UNRWA como organismo.
Según un artículo publicado el 2 de febrero en The Guardian, la UNRWA podría verse obligada a cerrar sus operaciones en Gaza si no se restablece pronto la financiación. Para Israel, sin embargo, parece que incluso conseguir que se suspenda la financiación de la UNRWA no es suficiente. Desde octubre, se han producido 63 impactos directos contra instalaciones de la UNRWA, y otras 69 han sufrido algún tipo de daño. Un total de 319 personas refugiadas en instalaciones de la UNRWA han muerto, y más de mil han resultado heridas. No contento con esto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha declarado ahora que tomarán medidas para expulsar completamente a la UNRWA de la Franja de Gaza después de la guerra.
El dominio israelí sobre la economía palestina
Cuando se creó la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo en 1994, se estableció un acuerdo conocido como el Protocolo de París por el que Israel recauda el impuesto sobre la renta en nombre de la Autoridad Palestina y luego realiza transferencias mensuales, a la espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas israelí.
Se suponía que se trataba de un acuerdo temporal de cinco años, tras los cuales el control pasaría a manos de la Autoridad Palestina. 30 años después, no se ha llevado a cabo dicha transición. La razón de ello está muy clara: proporciona a Israel una importante palanca con la que chantajear a la Autoridad Palestina.
Incluso después de que la Franja de Gaza cayera bajo el control de Hamás en 2007, muchos trabajadores del sector público mantuvieron allí sus empleos gubernamentales y siguieron recibiendo sus salarios, que se pagaban con los ingresos fiscales transferidos del Ministerio de Finanzas israelí. En la actualidad, ese puesto está ocupado por Bezalel Smotrich, colono él mismo y uno de los sionistas de derecha más extremistas y ultraortodoxos del gobierno de Netanyahu.
En noviembre, poco después del ataque de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, el gobierno de Netanyahu decidió retener los pagos -un total de 275 millones de dólares, incluidas las cantidades recaudadas antes del ataque- que estaban destinados a los empleados públicos de la Franja de Gaza, argumentando que esos fondos podrían acabar en manos de Hamás. Como reacción al recorte de fondos, la AP se negó a recibir los ingresos reducidos, exigiendo el pago de la totalidad de la cantidad adeudada.
Recientemente, Israel ha retenido estos ingresos fiscales y se ha negado a enviarlos a la AP. En su lugar, los envió a Noruega, con la condición de que no debían ser liberados sin la aprobación del gobierno israelí. Fue el propio Biden quien pidió a Netanyahu que enviara los ingresos fiscales a Noruega para su «custodia» como medio de calmar los nervios de sus ministros de extrema derecha, que han estado insistiendo en que ningún dinero debe ir a parar a Hamás en Gaza.
Desde entonces, Noruega ha aceptado transferir los fondos destinados a Cisjordania y retener los destinados a Gaza. Gaza está administrada por Hamás, pero la Autoridad Palestina ha estado financiando gastos esenciales como, por ejemplo, los salarios de sus trabajadores sanitarios. Ahora que se ha recortado la financiación, la situación en Gaza seguirá empeorando.
Cada mes, Israel recauda alrededor de 188 millones de dólares en ingresos fiscales en nombre de la Autoridad Palestina, 2.250 millones de dólares al año. No es una cifra insignificante, ya que supone el 64% de los ingresos de la AP. En la actualidad hay 150.000 empleados públicos en la nómina de la AP, tanto en Gaza como en Cisjordania.
El resultado de este bloqueo de fondos ha significado que muchos de estos empleados no han estado recibiendo sus salarios completos. Ya en 2021, sus salarios se redujeron en un 25% debido a las constantes retenciones por parte del gobierno israelí. La Autoridad Palestina atraviesa una grave crisis financiera, con una enorme acumulación de deudas impagadas. La situación es tan grave que, a principios de febrero, la AP se vio obligada a anunciar un recorte salarial del 40% para sus empleados del sector público.
El acuerdo de Noruega de liberar los fondos destinados a Cisjordania puede explicarse por el temor de los imperialistas a que la AP en Cisjordania se enfrente a un colapso inminente. La situación allí ya está al borde de una gran explosión social. Los constantes ataques de los colonos y las FDI contra la población local provocaron cerca de 500 palestinos muertos y más de 12.000 heridos sólo en 2023.
El hecho de que Israel haya suspendido los permisos de trabajo a alrededor de 130.000 trabajadores palestinos que viajaban a Israel desde Cisjordania empeora aún más la situación en Cisjordania. En total, 200.000 palestinos han perdido su empleo. Más de la mitad de ellos trabajaban en el sector de la construcción israelí. Un trabajador palestino de la construcción en Israel podía ganar más de 3.000 dólares al mes, lo que permitía un nivel de vida razonable para alguien que viviera en Cisjordania.
Esta fuente de ingresos se ha agotado de manera repentina. Ahora, un gran número de trabajadores desempleados de Cisjordania se ven obligados a vender todo lo que pueden en un intento desesperado por reunir el dinero suficiente para alimentar a sus hijos y pagar las facturas. A muchos les han cortado el agua y la electricidad por impago.
El desempleo en los territorios palestinos se ha disparado de alrededor del 25% al 47% desde octubre, mientras que la economía palestina en su conjunto se ha contraído un 35%. Ahora, una gran parte de la población vive literalmente al día, sin saber cómo sobrevivirá hasta final de mes.
La situación en Gaza está en un punto de inflexión
Mientras tanto, en Gaza la población se enfrenta a la amenaza de hambruna, según muchos observadores sobre el terreno. Muchas familias pasan horas todos los días caminando largas distancias y haciendo cola para conseguir los pocos alimentos y agua que aún quedan disponibles. A finales de diciembre, un informe del Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés) reveló que al menos una cuarta parte de los habitantes de Gaza (más de 500.000 personas) se enfrentaban a la perspectiva de una escasez extrema de alimentos.
Los niños, en particular, son los más vulnerables en una situación así, sobre todo en los primeros años, cuando cualquier periodo prolongado de desnutrición puede perjudicar el desarrollo físico y mental. Actualmente hay en Gaza más de 130.000 niños menores de dos años. Por lo tanto, esta situación puede tener efectos a largo plazo en la salud de los niños, incluso una vez finalizada la guerra.
La agricultura local se ha derrumbado por completo como consecuencia de los constantes y masivos bombardeos, . Muchas infraestructuras, como panaderías y almacenes de alimentos, han quedado destruidas o se han visto obligadas a cerrar. Los suministros de alimentos procedentes de fuera de Gaza son lo único que les queda a las personas acampadas en Rafah y sus alrededores y en otras ciudades.
Acción Contra el Hambre, con sede en Washington D.C., declaró el 17 de febrero: «Si la situación continúa, asistiremos a una de las mayores catástrofes a las que nos hemos enfrentado como trabajadores humanitarios. Será debido al hambre, las enfermedades y el entorno tan contaminado y peligroso de Gaza, resultado de los residuos de las miles de bombas, el fósforo blanco, las aguas residuales sin tratar que flotan por todas partes y el agua no apta para el consumo que se bebe ya que la gente no tiene otras opciones».
La situación en el norte de Gaza es realmente dramática. Todavía quedan unas 300.000 personas en las condiciones más horrendas. Según un reciente informe de la BBC, en el aislado norte de Gaza «los niños pasan días sin comer, ya que a los convoyes de ayuda se les deniega cada vez más el permiso de entrada». La gente se muere de hambre.
En estas condiciones de colapso casi total de las infraestructuras básicas, combinadas con una ayuda masivamente reducida, las enfermedades infecciosas se propagan a ritmos alarmantes. La diarrea ha afectado a más de 100.000 personas desde octubre, la mitad de ellas niños menores de cinco años, lo que supone multiplicar por 25 los niveles anteriores. Se registran decenas de miles de infecciones respiratorias. La hepatitis va en aumento y otras numerosas afecciones se están incrementando. El Global Nutrition Cluster, socio de Unicef, ha advertido que es inminente una «explosión de la mortalidad infantil».
Concentrando las mentes de los imperialistas
Los imperialistas tienen buenas razones para preocuparse de que la situación pueda estar llegando a un punto de inflexión. El pueblo palestino está siendo presionado mucho más allá de lo humanamente tolerable. Estamos ante la amenaza de un colapso total de la Autoridad Palestina en Cisjordania, además de la devastación absoluta en Gaza.
Todo esto empieza a preocupar seriamente a los imperialistas, que ven cómo los territorios se hunden en un lodazal. Ven que la bomba de relojería hace tictac y comprenden que si la población llega al límite de lo que puede soportar, podrían enfrentarse a un levantamiento popular generalizado.
Entienden que para mantener cierto grado de estabilidad en la región, hay que garantizar a los palestinos un mínimo básico de existencia civilizada, con alimentos, vivienda, asistencia sanitaria básica, empleos e ingresos, y al menos un hilo de esperanza de que algún día puedan tener una patria de algún tipo en la que puedan reconstruir sus vidas. Tal y como están las cosas, estas esperanzas se están destruyendo no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania.
El último giro en los acontecimientos, con la dimisión del primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh, es una confirmación de la crisis política a la que se enfrenta la AP. Parece que su dimisión forma parte de un movimiento hacia algún tipo de gobierno tecnocrático, que también gobernaría Gaza una vez finalizada la guerra.
El término «gobierno tecnocrático» es un eufemismo para referirse a un gobierno no electo que impulsará el programa de la élite gobernante. La AP dirigida por Abbas está desacreditada a los ojos de la mayoría de los palestinos, por lo que desean imponerles los mismos colaboradores pero detrás de una nueva máscara. Este es el programa del imperialismo estadounidense para los palestinos.
Por ahora, sin embargo, Netanyahu no escucha. Como explicamos en un artículo anterior, un ataque total sobre Rafah llevaría la situación al límite. Podría abrir un escenario en el que cientos de miles de personas desesperadas que actualmente duermen en tiendas de campaña – posiblemente hasta un millón – se desborden por la frontera hacia Egipto.
Ahora parece confirmarse que las autoridades egipcias están tomando medidas de precaución en caso de que se materialice esta situación. Las últimas imágenes por satélite parecen indicar que se están llevando a cabo obras a lo largo de la frontera de Egipto con Gaza para crear una zona de seguridad amurallada que acoja a los refugiados palestinos en caso de que Israel continúe con su ofensiva terrestre en Rafah.
Todo esto está concentrando las mentes de los imperialistas. Ahora están presionando a Netanyahu para que acepte un alto el fuego temporal y levante las barreras a la ayuda. Estados Unidos ha redactado una resolución propia del Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo un «alto el fuego temporal» en Gaza, pero con la condición añadida de «tan pronto como sea posible».
No debemos hacernos ilusiones. El imperialismo estadounidense no está trabajando para poner fin a los bombardeos de Gaza. Lo único que busca es una interrupción temporal -o una «pausa», como ellos la llaman- para liberar parte de la presión que se está acumulando. Así lo confirma el hecho de que recientemente vetaran una resolución de Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato.
No obstante, como comentó el Financial Times, «el uso de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU [por parte de EEUU] para pedir un cambio en la estrategia de Israel representa un gran hito diplomático para EEUU…». Bajo tal presión, el gobierno israelí ha retrasado su prevista ofensiva terrestre en Gaza hasta el 10 de marzo. Ha fijado como fecha límite que si para entonces Hamás no ha liberado a todos los rehenes se lanzará la ofensiva.
Esta fecha no es casual. Este año, el Ramadán comienza el domingo 10 de marzo por la noche. Lanzar la ofensiva terrestre sobre Rafah ese día tendría un enorme significado simbólico para los musulmanes de todo el mundo y, en particular, de Oriente Próximo. De hecho, Netanyahu estaría escupiendo en la cara de millones de musulmanes de la región.
En el contexto de la creciente agitación social en muchos de los países de Oriente Medio, esto podría conducir a una agitación de masas y a movimientos de dimensiones revolucionarias. Por eso los imperialistas, con Estados Unidos desempeñando un papel importante, intentan alejarse del abismo.
Quieren desesperadamente tener a alguien al mando en Israel en quien sientan que pueden confiar. Gantz, ministro de Defensa de Israel, es aclamado como «el adulto en la sala del gobierno israelí», según el New York Times, y «el hombre con más probabilidades de sustituir a Netanyahu y a su desastroso gobierno».
Sin embargo, Gantz no es un santo. Como jefe del Estado Mayor bajo el mandato de Netanyahu, se hizo conocido por su despiadada gestión de la «Operación Acantilado Poderoso», el bombardeo de Gaza en 2014 que mató a más de 2.300 palestinos y mutiló a más de 10.000.
Recientemente declaró que: «El mundo debe saberlo, y los dirigentes de Hamás también: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah.» Esto es una confirmación del hecho de que cuando se trata de aplastar a los palestinos, todos los políticos sionistas de alto nivel tienen la misma posición.
Lo racional no siempre es lo posible
La guerra en Gaza ya ha desestabilizado la región y corre el riesgo de que la desestabilice aún más. Si la ofensiva en Rafah sigue adelante, socavará dramáticamente los regímenes árabes circundantes, que se enfrentarán a la amenaza de un levantamiento revolucionario. Sería una sacudida que resonará en todo el mundo.
Desde el punto de vista de las necesidades objetivas de la clase capitalista mundial en esta situación, es lógico que los imperialistas traten de hacer retroceder a Netanyahu. Biden ha anunciado ahora con confianza que para el lunes 4 de marzo se habrá establecido un alto el fuego -de hasta seis semanas según algunos informes-.
Sin embargo, el optimismo de Biden no se reproduce ni dentro de Israel ni en Gaza. Las razones hay que buscarlas en el hecho de que el alto el fuego se presenta como una medida temporal y no como el fin de la guerra, una de las principales exigencias de Hamás.
Basem Naim, jefe de la división política de Hamás en Gaza, ha declarado que los anuncios de Biden eran «prematuros» y «no se ajustaban a la realidad sobre el terreno», mientras que funcionarios israelíes han afirmado que Hamás seguía planteando «exigencias excesivas».
El acuerdo que se está debatiendo sólo permitiría la liberación de 40 rehenes en manos de Hamás a cambio de 400 prisioneros palestinos. Esto dejaría al grueso de los rehenes restantes en manos de Hamás. Esto significa que incluso si se llegara a un acuerdo, sólo daría al pueblo palestino de Gaza un respiro temporal y no el fin de la guerra.
Netanyahu sigue insistiendo en que, aunque haya un acuerdo de alto el fuego, seguirá adelante con sus preparativos para un ataque a Rafah, lo que no augura nada bueno. El problema aquí es que los intereses más amplios y generales del capitalismo global no coinciden con los intereses de Netanyahu y sus compinches de extrema derecha del gabinete, y tampoco con los de una parte significativa de la clase dirigente sionista.
Incluso el llamado «moderado» Gantz difiere de Netanyahu, no sobre si seguir expulsando a los palestinos de lo poco que queda de su patria histórica, sino a qué ritmo y cómo. También es posible que sea algo más sensible a la presión de los patrocinadores imperialistas de Israel.
Para Netanyahu, en cambio, retirarse y dejar a Hamás en su sitio en Gaza marcaría el final de su carrera política. La extrema derecha provocaría el colapso de su gobierno. Después vendrían las elecciones, en las que Netanyahu saldría perdedor, y sus problemas legales podrían acarrear graves consecuencias personales.
Esto explica sus últimas maniobras, encaminadas a echar por tierra los actuales intentos de llegar a un acuerdo con Hamás sobre los rehenes. Está planteando condiciones dirigidas específicamente a hacer imposible que Hamás los acepte. Según The Times of Israel, el 25 de febrero, funcionarios israelíes acusaron a Netanyahu «de intentar torpedear el incipiente acuerdo sobre los rehenes para apaciguar a los elementos de extrema derecha de su gobierno».
Netanyahu podría en algún momento sobrepasar los límites, abriendo la perspectiva de un conflicto más amplio con Egipto y otros regímenes árabes. Las crecientes escaramuzas armadas en la frontera libanesa también podrían provocar una escalada en ese país. Todo esto supondría un enorme obstáculo para el proceso de normalización que tanto habían deseado los imperialistas entre Israel y Arabia Saudí, así como con otros países de la región. Por lo tanto, elementos importantes de la clase dirigente israelí podrían llegar a la conclusión de que Netanyahu debe irse. Aún no hemos llegado a ese punto, pero sus días están claramente contados.
El problema al que se enfrentan los imperialistas es que, a veces, lo que es racional en abstracto no siempre es posible en las condiciones concretas sobre el terreno. Vivimos en una época de crisis sin precedentes del sistema capitalista mundial. El margen de maniobra de las distintas potencias, grandes y pequeñas, se ha reducido drásticamente. Esto puede dar a los individuos en posiciones clave de mando un poder desproporcionado durante un periodo temporal. Mientras tanto, los conflictos por los mercados y las esferas de influencia se agudizan cada vez más, y las situaciones se llevan al límite, llegando a la guerra abierta allí donde las contradicciones son más agudas.
En esto, son los trabajadores de todos los países los que sufren. Los palestinos están atrapados en esta contradicción, pero su intenso sufrimiento también demuestra el punto muerto de todo el sistema lo que explica por qué la inmensa mayoría de los trabajadores y jóvenes de todo el mundo empatizan instintivamente con su causa y se ponen de su lado. La lucha de clases atraviesa como una gruesa línea roja la cuestión palestina y afecta a todos los países.
Le corresponde a los trabajadores de todos los países resolver esta contradicción, no retocando este o aquel detalle, sino arrancando de raíz todo el sistema capitalista.
