El 18 de marzo, el Presidente Bukele anunció que, como medida de emergencia, que quedaban suspendidos los pagos de los servicios básicos, entre ellos energía eléctrica, internet residencial, agua y créditos bancarios; esto por los siguientes 3 meses, pero que la sumatoria de estas cuentas sin cobrar serían diluidas en los siguientes 36 meses después del confinamiento.
Estas fueron las primeras medidas económicas que lanzó la Presidencia de la Republica ante la crisis del Coronavirus.
Como defensores y defensoras del agua creemos que esta medida ayudará, momentáneamente, a la economía de las familias más pobres del país que están siendo afectados por la paralización de la producción industrial no esencial y el confinamiento obligatorio decretado por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, advertimos sobre los efectos a largo plazo de éstas medidas. En el caso particular del agua, manifestamos que en poco solventarán los problemas económicos de las familias cuando el confinamiento acabe, al contrario, se recargarán a una lista más amplia.
Pues la suma total de todos los cobros y cuentas por pagar, será uno más de los tantos problemas a los que se enfrentarán los explotados y oprimidos del país. Entre los cuales están el masivo desempleo, que ya anuncia la OIT ante el desplome la economía mundial, la escasez y la elevación de los productos de la canasta básica, entre otros efectos de la crisis económica mundial.
Creemos que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de la sociedad, pudo perfectamente haber decretado la cancelación de los cobros de agua residencial de los más pobres del país, que por desgracia es la mayoría de la población.
Algunos dirán que esto llevaría a la quiebra a la Institución Administradora del Agua, “no se puede condonar a nadie en la situación fiscal crítica en la que se encuentra el Estado” advertirán, aduciendo que somos unos exagerados. Pero, hay que recordar que en diciembre del año pasado, el Gobierno de Bukele condonó 600 millones de dólares a los grandes empresarios, ¿eso no es una locura que pudo quebrar al Estado? “Pero eso se hizo para salvar la economía”, responderán. Entonces, ¿por qué para salvar la economía podemos perdonar millones a los más ricos del país y para salvar vidas no se pueden perdonar los cobros por agua residencial a los más pobres del país? Manifestamos.
La ANDA no podría ir a la quiebra por perdonar cobros, cuando sabemos que el Gobierno tiene dinero disponible del Presupuesto 2020 que puede ser reorientado para garantizar la vida de los más desfavorecidos. Una medida drástica debería plantear la posibilidad de reorientar dinero de Publicidad, Defensa, Seguridad, Gastos Reservados y salarios a los altos funcionarios. Y también cobrar los impuestos a los ricos ¡Estas son medidas drásticas que salvan vidas!
Si hablamos de que una de las formas más eficaces de combatir el Covid-19 es el agua y el jabón, pues deberían darse gratuitamente a la población desde las Instituciones de Salud. Es absurdo que en una sociedad capaz de producir miles de botellas de cervezas y refrescos carbonatados a diario para generar ganancias de unos pocos, en momentos de emergencia crítica, no se pueda garantizar agua a la población de manera gratuita por tres meses.
Tal situación ilógica e irracional de la sociedad sólo puede ser el efecto del libre mercado, de la comercialización de nuestros derechos y de los bienes naturales que deberían estar a disposición de todas y todos.
Los políticos deben garantizar las condiciones necesarias para que los más pobres podamos vencer en la lucha contra el Covid-19, basta de velar por los intereses de las grandes empresas que comercian con nuestra vida y con nuestros derechos.
¡Agua para todos y todas los más desfavorecidos!
¡Basta de cortes y de mal servicio!
