Reducción de municipios y diputados ¿Cuáles son los intereses del régimen?

Por Krissia Flores y Xenia Barrera

Semanas atrás, la Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo del 2024. Esta Ley busca reorganizar la división política administrativa de El Salvador reduciendo el número de alcaldías de 262 a 44. Según Bukele con esta propuesta pretende “reducir” la carga presupuestaría que implicaría mantener a 262 alcaldes, hacer una distribución equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más, al formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos y con esto realizar grandes obras que no se han podido hacer por el mal uso de fondos públicos. Dentro de su discurso de cuatro años de gobierno, también mencionó que con este nuevo decreto la población podrá elegir mejores alcaldes y también podrá fiscalizarlos, haciendo el comentario: “Es más fácil elegir 44 que 262 , por lo que deberán trabajar más arduo”. ¿Pero qué otros intereses se esconden de fondo?

Reducción de la autonomía de las alcaldías

En las últimas elecciones, Nuevas Ideas logró agenciarse 152 alcaldías municipales y 56 diputados. Con esto, el partido del presidente gobierna sobre cinco millones y medio de habitantes en todo el territorio salvadoreño, a la vez que cuenta con mayoría calificada para aprobar cualquier iniciativa del mandatario desde el legislativo. Esto implica de por sí una centralización del poder bastante amplia, pero no todo ha sido fácil.

A finales de 2021, se aprobaron al menos dos iniciativas que le dieron el golpe de gracia a las alcaldías y su autonomía. La primera de ellas fue la derogación de la ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), aprobando una normativa igual que reducía en un 85% los fondos que el Estado asignaba a los alcaldes para desarrollar obras en sus municipios. Con esto, las alcaldías ya no reciben el 10% del Fondo General de la Nación sino únicamente un 1.5%.

La segunda fue la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la eliminación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). Con esto las alcaldías quedaban limitadas tanto en sus recursos como en el poder de las decisiones a implementar. Para paliar la situación de quiebra en la que se encontraban, las municipalidades han tenido que buscar nuevas formas de financiamiento, principalmente a partir de incrementar las tasas municipales que sobrecargan aún más a las familias salvadoreñas.

La reducción del FODES ha ocasionado que muchas de las necesidades regulares de los territorios estén en total abandono: recarpeteo de calles, recolección de basura, saneamiento, etc. Por su parte, la DOM que ha centralizado las obras en los municipios en el mejor de los casos no ha sido capaz de satisfacer las demandas, y en el peor sus obras son de cuestionable calidad o no han servido en absoluto.

Por si esto no fuera poco, la corrupción ha estado a la orden del día. Quizá el caso más emblemático sea el de la alcaldesa de Soyapango Nercy Montano, que en diciembre de 2022 fue detenida por actos de corrupción. Sin embargo, esto solo es la punta del iceberg de todo el entramado de corrupción que existe en las municipalidades, de las cuales también los alcaldes de Nuevas Ideas son parte.

Todo lo anterior ha ocasionado que todas las alcaldías del país esten en descrédito ante los ojos de los salvadoreños. Según una reciente encuesta de la UCA, la nota para las alcaldías es de 4.8, y 54.6% de los encuestados cree que las alcaldías han realizado un trabajo malo o muy malo. Como hemos detallado anteriormente, han sido las iniciativas de Nayib Bukele las que no han permitido que los alcaldes, incluyendo a los de Nuevas Ideas, logren atender las necesidades de la población, y en consecuencia haya un creciente descontento y baja calificación en cuanto el trabajo de las comunas.

Los intereses detrás de la reducción de alcaldías

Para justificar esta medida, el presidente ha dicho que es necesario un reordenamiento del país porque 262 alcaldías es demasiado para un territorio tan pequeño, además esto ‘reduciría la burocracia’; y que con la reducción de diputados se eliminarían los diputados por residuos lo cual consideran antidemocrático.

También justifican que la medida servirá para luchar contra la corrupción. Nayib mencionó en su discurso que “muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente”. Los diputados aseguran que con una reducción de las alcaldías habrá un mejor control del gasto y la inversión pública, eliminando contratos sobrevalorados y corruptos.

Por último, señalan que una de las grandes ventajas será el ahorro económico que supondrá para el Estado la reducción de alcaldías. El ministro de Hacienda estima que la reestructuración territorial permitirá un ahorro de $250 millones.

Y aunque todos los argumentos anteriores podrían sonar lógicos a primera vista, lo cierto es que sin un estudio técnico que determine el impacto social, político, económico y cultural, es muy difícil creer en las palabras de estos funcionarios.  

El rédito electoral es algo que resalta en medio de todo este debate. El Salvador tendrá elecciones presidenciales, de alcaldes y diputados el próximo año, es evidente que la intencionalidad detrás de esta medida tan drástica e inconsulta es la concentración de poder a todos los niveles. La aprobación tan desesperada y rápida va en consecuencia con hacer estos cambios ahora que el presidente aún cuenta con una popularidad de más del 80% entre la población y que el TSE está justo a tiempo para implementar estos cambios en las próximas elecciones.

Implicaciones a corto y mediano plazo

Con la reducción de alcaldías y municipios podemos llegar a la conclusión de cuales son realmente las verdaderas intenciones de Bukele y su partido, a menos de un año para las elecciones, modificando el número de diputados y la manera de elegirlos, la misma propuesta sólo garantiza que sea más difícil para los partidos pequeños alcanzar un curul en la asamblea, en resumen, sólo se busca garantizar que el único partido en El Salvador sea Nuevas Ideas. Esta centralización del poder implica también la concentración del presupuesto de otras alcaldías más pequeñas en una sola, ¿Esto verdaderamente es para realizar grandes obras?

Por otra parte, ocasionará despidos masivos de trabajadores municipales. Solo un día después de haber dado el anuncio sobre la reducción de municipios, la alcaldía de Soyapango administrada por NI ya estaba despidiendo a más de 200 empleados de manera arbitraria, aunque el ministro de Gobernación afirmó en una plenaria que, la estabilidad laboral de los empleados se mantendría. Cuando se le cuestionó sobre los despidos en la alcaldía él sólo respondió que los municipios tienen autonomía para despedir gente y agregó que con esta nueva propuesta de reducción de municipios no se harían despidos, aunque, si lo pensamos bien, la reducción de municipios sí implicaría despidos, ya que los trámites que normalmente se hacen en las alcaldías de los municipios se centralizaron solamente en una, entonces, ¿Qué pasaría con las personas que trabajan en las alcaldías de los municipios pequeños? La respuesta obvia es que se prescindirá de sus servicios y habrán despidos a gran escala.

Con la aprobación de la propuesta también se favorece el abandono de las necesidades de los municipios. La incompetencia y corrupción no se resolvería reduciendo municipios, no es de admirarse que muchas de las alcaldías actuales restan importancia a las necesidades de su municipio, y se ha visto con el tiempo. Si actualmente las alcaldías no tienen la capacidad para solventar los problemas básicos de la población, como recolección de desechos, la facilitación a la formación laboral, la promoción de la educación, cultura, deporte, la falta de obras en las comunidades, etc. Nada nos asegura que la centralización de estas no sería más de lo mismo.

Los discursos políticos de Bukele se han caracterizado por la intolerancia a la critica, la intimidación, como lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa en 2020 con el asalto militar,  el acoso y el rechazo a opiniones contrarias, ya que, durante su periodo se ha visto cómo líderes comunitarios y trabajadores que han tenido una voz crítica contra las acciones del gobierno, han sido perseguido y capturados bajo el pretexto del  “estado de excepción”, como fue el caso de el hijo de la presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES),que ocurrió un día después que ésta denunciara las pretensiones que tiene el gobierno de explotar la minería dentro de la comunidad. El estado de excepción se ha convertido en una excusa para perseguir y reprimir a todo aquél que no esté de acuerdo con lo que el presidente diga, se ha acusado a muchas personas con cargos inventados, privándolos de sus derechos constitucionales.

La reducción de municipios también favorece el monopolio de la información. Durante estos 4 años de Bukele en el poder sabemos sobre la contratación que este ha hecho a personas que son muy influyentes dentro de muchas plataformas de redes sociales para hablar sobre todo las “buenas obras” que se han realizado bajo su gestión, incluso la creación de su propio noticiero donde todo es color de rosa y sólo se habla de las maravillas de este gobierno, desinformando así a la población. Debemos añadir que con este gobierno no existe el acceso a la información, por lo que no sabemos en que son utilizados los fondos públicos, si la reducción de municipios y diputados permitirá a la población fiscalizar a los corruptos, a los que gastan los fondos públicos en publicidad, propaganda y hasta en cuestiones personales y no en las necesidades de las comunidades, ¿No debería ser igual para el presidente y su gabinete? ¿Por qué negarnos el acceso a la información? ¿Bukele teme que también lo fiscalicemos por lo que se ha decidido reservar toda la información que pueda? ¿Qué beneficios tendrá para nosotros la centralización del poder? aunque, la verdadera pregunta sería ¿Qué beneficios tendrá para el gobierno centralizar el poder? Como ya vimos le favorece a sus intereses políticos, pero también y sobre todo, a sus intereses económicos. 

¿Qué podemos esperar a largo plazo?

Es posible que a corto plazo estas medidas le permitan a Bukele tener grandes ventajas, pero en algún momento estas mismas se convertirán en su contrario.

La crisis generalizada del capitalismo no permite que se puedan realizar tantas inversiones públicas, debido a la falta de liquidez de los gobiernos. Esta misma situación obliga a un país tras otro a eliminar ‘burocracia’ y buscar de alguna forma tener un Estado más barato. Sin embargo, esto lo realizan a costa de abandonar completamente las necesidades de la clase trabajadora: más impuestos, menos inversiones sociales. 

Lo anterior es como una bomba de tiempo que tarde o temprano tendrá que estallar. La acumulación del descontento trae consigo el descrédito de los gobernantes y de los partidos políticos. Hasta la fecha, a Bukele le ha funcionado bien echar culpa a los gobiernos anteriores, pero ¿cuándo Nuevas Ideas y Bukele controlen absolutamente todo a quién le echarán la culpa? Esto podría agudizar el desgaste del presidente y sus funcionarios en la asamblea y las alcaldías. Lo que podría favorecer a un despertar de la conciencia en un sector cada vez más amplio de la población. 

Pero a su vez, la concentración de poder capacitará al presidente a actuar con toda impunidad para utilizar la fuerza del Estado y sus cuerpos armados una vez que la clase trabajadora decida organizarse en su contra. Sea como sea, lo que se espera es una lucha de clases para la cual debemos prepararnos.

¡Por una organización de la clase trabajadora!

El Estado burgués nos engaña con una democracia falsa, donde se nos insta a votar periódicamente, solo para ser ignorados en las decisiones importantes que impactan nuestra vida cotidiana, tal como ha sucedido con esta propuesta. Para combatir la corrupción, la burocracia y el despilfarro de recursos, es necesario establecer asambleas barriales verdaderamente democráticas, donde se escuche la voz de todos y todas, y además, se les otorgue poder para implementar sus decisiones.

Solo a través de una participación organizada, amplia y democrática de la clase trabajadora, podremos erradicar los grandes males que nos aquejan, como la corrupción, el abandono de nuestros territorios y la falta de inversiones en proyectos que mejoren nuestra calidad de vida. Aunque este objetivo parece lejano en la actualidad, es fundamental que nos organicemos desde ahora para afrontar los desafíos futuros. Una vez que la clase trabajadora tome conciencia del inmenso poder que posee, comenzará a trazar su propio camino sin depender de ningún “mesías” que pretenda salvarnos.

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