Se está armando un gran escándalo por lo que se puede y no se puede decir sobre el Estado de Israel. Especialmente virulenta es la campaña contra el supuesto «antisemitismo» de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. En realidad, se trata de un intento flagrante de silenciar cualquier crítica a Israel y a sus políticas discriminatorias contra el pueblo palestino. A la luz de todo esto, Francesco Merli examina la nueva ley que discrimina abiertamente a los palestinos que viven en Israel, reduciéndolos oficialmente a la condición de ciudadanos de segunda clase.
El 19 de julio, con 62 votos a favor y 55 en contra, el Knesset [parlamento israelí] aprobó la Ley del Estado de la Nación Judía, respaldada por el primer ministro israelí, Netanyahu. La aprobación de tal ley tiene valor constitucional y significa que la opresión y discriminación diaria de la minoría árabe israelí (alrededor del 20 por ciento de la población de Israel) se ha convertido oficialmente en parte constituyente de los fundamentos jurídicos de Israel como Estado.
Los objetivos de Netanyahu
La política exterior de Netanyahu se basa en una valoración muy simplista de la situación, ejemplificada por sus comentarios en twitter durante la ceremonia de cambio de nombre del Centro de Investigación Nuclear del Néguev “Shimon Peres”, el 29 de agosto:
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1034849460344573952
Tuit 1:
“Shimon aspiraba a la paz, pero sabía que la verdadera paz sólo se puede lograr si nuestras manos agarran con fuerza armamento defensivo. En Oriente Medio, y en muchas partes del mundo, hay una simple verdad: no hay lugar para los débiles”
Tuit 2:
“Los débiles se desmoronan, son masacrados y borrados de la historia mientras que los fuertes, para bien o para mal, sobreviven. Los fuertes son respetados, y las alianzas se hacen con los fuertes, y al final la paz se hace con los fuertes”.
En el frente interno, su tono no está cambiando. Está claro que Netanyahu está presionando para que se legitime el status no oficial de los israelíes no judíos como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, al hacerlo, está rompiendo abiertamente la ficción de Israel como democracia, empujando así a los partidarios liberales de Israel dentro del país y en todo el mundo al desastre.
Por si el mensaje no fuera lo suficientemente claro, la presidencia del Knesset acababa de rechazar una contrapropuesta a la Ley del Estado de la nación judía: la ley del «Estado de todos sus ciudadanos», presentada por el partido de la Lista Conjunta. La idea de los promotores fue la de establecer el «principio de igualdad para todos los ciudadanos, reconociendo la existencia y los derechos de dos grupos nacionales, judíos y árabes, que viven dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado».
Sin embargo, esta medida no hace sino reforzar el respaldo jurídico a un hecho establecido, arraigado en los siete decenios de la historia de Israel. Israel como Estado se basa intrínsecamente en la discriminación sistemática contra los derechos de la minoría árabe de ciudadanos israelíes, así como en la opresión de la población palestina en los territorios bajo ocupación israelí efectiva en Cisjordania y Gaza.
Se aprueba la ley del «Estado de la nación judía» de Israel – ¿qué cambia?
La nueva ley define a Israel como «el hogar nacional del pueblo judío», con el hebreo como lengua oficial y Jerusalén como su capital. También afirma que «el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío», negando así a los palestinos cualquier derecho o existencia nacional.
De manera significativa, declara «el asentamiento judío como un valor nacional» y que el Estado «alentará y promoverá su establecimiento y consolidación».
El significado de esta disposición es muy claro: es una luz verde para promover la colonización de las tierras palestinas en todos los territorios ocupados o controlados por Israel, incluidos Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Para añadir un insulto a la agresión, el árabe es despojado de su status de lengua oficial y degradado a uno con «status especial».
Las disposiciones de esta nueva ley se oponen a las normas internacionales más elementales de lo que debería ser la democracia -la democracia burguesa-, al establecer dobles normas de ciudadanía y reconocer la colonización de lo que las Naciones Unidas consideran territorios ilegalmente ocupados.
De paso, Trump y Netanyahu también están asestando un golpe final a la ya muerta «solución de dos Estados» a la cuestión Palestina, firmemente apoyada hasta ayer por la anterior administración estadounidense y la Unión Europea.
Uno esperaría un aluvión de críticas por parte de la muy «liberal y democrática» Unión Europea, pero aparentemente una vez más parecen valorar la «democracia» sólo en la medida en que no interfiera con sus intereses fundamentales. Tras un incidente en el que el embajador de la UE en Tel Aviv, Emanuele Giaufret, fue amonestado públicamente por Netanyahu por protestar contra la ley discriminatoria, la UE se ha retractado afirmando que «la forma en que Israel decide definirse es una cuestión interna que debe decidir Israel» y que «valoramos el compromiso de Israel con los valores compartidos de la democracia y los derechos humanos, que han caracterizado nuestras relaciones duraderas y fructíferas”.
De hecho, la nueva ley no está introduciendo, sino reconociendo y respaldando las leyes discriminatorias que ya existen. Sólo por citar algunos ejemplos, como ya reconoció un relator especial de la ONU en 2012, las autoridades israelíes ya persiguen «un modelo de desarrollo territorial que excluye, discrimina y desplaza a las minorías». El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha denunciado «la promulgación de una serie de leyes discriminatorias sobre cuestiones de tierras que afectan desproporcionadamente a las comunidades no judías».
La cuestión de la segregación y de las comunidades sólo judías también debería considerarse sobre la base de que Israel ya tiene cientos de estas comunidades segregadas, gracias al papel de los «comités de admisión» que hacen cumplir la exclusión de los árabes.
Los palestinos, ya sean musulmanes, cristianos, beduinos o drusos, ya sean considerados por la clase dominante israelí como «leales» o «desleales», están oficialmente privados del derecho al voto y relegados a una posición de ciudadanos de segunda clase.
Los drusos traicionados
El hecho de que Netanyahu haya obligado a aprobar esta ley ha provocado conmoción en Israel, con protestas sin precedentes y la movilización de la minoría drusa palestina, que tradicionalmente han sido aliados leales de la dirección sionista y que ahora se sienten, con razón, defraudados por Netanyahu y por el Estado israelí.
Los sionistas han utilizado tradicionalmente el ejemplo de los hombres drusos que sirven en el ejército israelí como prueba de que los no judíos pueden prosperar dentro de un Estado autoproclamado judío. Muchos drusos (que constituyen alrededor del 2 por ciento de la población) han servido como soldados y oficiales en las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), incluso en puestos de responsabilidad importantes. Han estado prestando servicios de manera desproporcionada en los territorios ocupados y en las zonas de mayor riesgo. Los drusos son considerados incluso por los sionistas de derecha como fiables y «leales» a Israel.
Su reacción ha sido la de súbditos leales traicionados. Como dijo Rabah Halabi, erudito druso, al Middle East Eye:
«Gran parte de la comunidad drusa está en estado de shock. Pensaban que si demostraban su lealtad, serían tratados como iguales. Pero ahora se ven obligados a reevaluar y aceptar que este punto de vista era erróneo».
Y añadió: «Sus ilusiones se están haciendo añicos. Parece que ha comenzado un proceso de despertar que dejará a ambos lados lastimados».
El general druso jubilado de las FDI, Amal Asad, dirigió manifestaciones de decenas de miles de personas, apoyadas por simpatizantes judíos, entre los que se encontraban varios ex altos cargos de seguridad israelíes. Netanyahu los recibió con una actitud despectiva, ofreciéndoles concesiones secundarias, a lo que los líderes drusos respondieron: «No podemos ser comprados con beneficios y retórica para cerrar brechas.”
La cuestión drusa está en el corazón de décadas de aplicación exitosa de la táctica de ‘divide y vencerás’ por la clase dominante sionista. La colaboración de la élite drusa fue útil para dividir al movimiento nacional palestino, pero nunca fueron realmente aceptados por la clase dominante israelí. De hecho, la «lealtad» a Israel nunca ha ayudado a la población drusa (o beduina), que fue objeto del mismo maltrato sistemático que la mayoría de los ciudadanos palestinos israelíes.
Las comunidades drusas están generalmente tan superpobladas y con tan pocos recursos como otras comunidades palestinas en Israel. Según Dalia Halabi: «Alrededor del 70 por ciento de las tierras drusas fueron confiscadas por el Estado, a pesar de la ‘lealtad’ de nuestras comunidades. No obtuvieron mejores condiciones que otras comunidades palestinas».
Las limitaciones del liderazgo druso son evidentes. Lo que pretenden es volver al pasado, pero la confianza entre la población drusa y la clase dominante israelí se ha visto profundamente dañada. Decenas de dimisiones de altos funcionarios son sólo la punta del iceberg de una ruptura más fundamental que se está produciendo entre la masa de la población drusa, que está desproporcionadamente representada en la industria de la seguridad estatal y privada de Israel.
La actitud de los sionistas liberales expone sus debilidades. No es casualidad que inicialmente apoyaran las protestas drusas, pero las abandonaron a medida que se volvieron más radicales.
En un movimiento sin precedentes para un líder druso, Asad advirtió en los medios sociales que la Ley Fundamental corría el riesgo de sentar las bases del «apartheid». Llamó a la medida «malvada y racista».
Al igual que en el movimiento contra la deportación de los solicitantes de asilo africanos a principios de este año, la falta de conexión entre las demandas del movimiento y las cuestiones candentes de los derechos palestinos impide la consolidación de un amplio movimiento de los oprimidos.
Demolición de Jan al-Ahmar
Mientras tanto, el proceso de colonización en Cisjordania continúa y el movimiento de colonos judíos (varios cientos de miles entre Cisjordania y Jerusalén Oriental) se verá animado por la nueva ley, como muestra el siguiente ejemplo.
El 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Israel rechazó finalmente las peticiones presentadas contra la demolición de Jan al-Ahmar, allanando el camino para que Israel demoliera toda la aldea después del 12 de septiembre. Durante años, el gobierno israelí ha estado persiguiendo la demolición de esta pequeña aldea para unificar un bloque continuo de asentamientos ilegales israelíes en la zona, lo que cortará la continuidad territorial de la tierra palestina, dividiendo Cisjordania en dos partes.
Los beduinos de Jan al-Ahmar ya han sido deportados dos veces. Primero en la década de 1950, cuando fueron expulsados del Néguev a Cisjordania, y de nuevo en 1967, cuando las tierras en las que se habían reasentado fueron confiscadas para construir el asentamiento judío de Kfar Adumim. Privados de sus tierras, hogares y medios de subsistencia, fueron empujados a la «ilegalidad». Desafortunadamente para ellos, ahora están de nuevo en el camino de los planes de expansión de la clase dominante israelí. Después de su desalojo, se verán obligados a reasentarse junto a un vertedero de basura, cerca de Abu Dis.
Trump presionando para la liquidación del OOPS
La presión histórica de Israel sobre los palestinos se ha reforzado desde la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Los Estados Unidos han abandonado toda pretensión de neutralidad. Las relaciones entre Israel y Arabia Saudita nunca han sido tan estrechas, dada la necesidad de crear un frente común contra la creciente influencia iraní en la región. Durante los últimos 18 meses, Trump ha apoyado a Netanyahu de todas las maneras posibles.
La reciente decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, coincidiendo con las celebraciones del 70º aniversario de Israel, no fue sólo simbólica. La estrategia de Trump se basa en el supuesto de que la dirección palestina se arrodillará bajo una mayor presión y capitulará.
Como acostumbra a hacer Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció hace dos semanas que iba a recortar 200 millones de dólares de las contribuciones de los Estados Unidos a los programas de ayuda a Palestina. Esto fue seguido rápidamente por el anuncio de que los Estados Unidos ya no continuarían con sus contribuciones anuales de 360 millones de dólares al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), privándolo de un tercio de su presupuesto. Se trata de un primer paso hacia el objetivo declarado de los Estados Unidos e Israel de liquidar por completo el OOPS.
Se trata de ataques extremadamente graves, que reducen la red de seguridad existente para unos 5 millones de refugiados palestinos dispersos durante décadas en campamentos de todo Oriente Medio, y que dependen del OOPS para la atención básica de la salud, la alimentación y la educación. Al tomar estas medidas, Trump está poniendo en peligro el incómodo equilibrio de toda la región, con consecuencias importantes e inmediatas para la estabilidad del Líbano y, sobre todo, de Jordania, como se verá en un futuro próximo. La «ayuda humanitaria» del OOPS y otros organismos representó una herramienta imperialista esencial para la estabilidad regional, que durante décadas impidió la explosión de la ira reprimida de millones de refugiados palestinos.
Las intenciones de Trump fueron expresadas claramente en un correo electrónico filtrado (recientemente difundido por la revista Foreign Policy) por Jared Kushner. El yerno de Trump, que también es el enviado especial del presidente a Oriente Medio, escribió que era hora de «perturbar el OOPS» y añadió que «a veces hay que arriesgarse estratégicamente a romper cosas para llegar allí».
Esto está claramente diseñado para chantajear a los dirigentes palestinos para que sigan vendiendo los derechos de los refugiados palestinos, después de la ya escandalosa posición adoptada por el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de renunciar a su derecho al retorno.
Los cálculos de Trump pueden basarse en una evaluación justa de la posición real de los líderes de Hamás y Al Fatah, pero no tienen en cuenta la resistencia y la férrea determinación de la juventud palestina de enfrentarse y de superar la insoportable opresión a la que están sometidos. Lo que vimos hace unos meses con el desafiante movimiento de la juventud en la llamada frontera de Gaza no será más que el primer acto de una revuelta mucho más amplia que inflamará a toda la región. Esto representará una oportunidad para que el movimiento unifique a todas las capas oprimidas incluso dentro del cada vez más atrincherado Estado israelí y proporcione la posibilidad de poner fin a la actual pesadilla imperialista y capitalista.
